La democracia en alerta: señales preocupantes para la Argentina

La democracia argentina atraviesa un proceso de creciente deterioro institucional impulsado por decisiones, iniciativas y prácticas promovidas por el Gobierno nacional. Los intentos de controlar la incidencia de las organizaciones de la sociedad civil, el hostigamiento permanente a periodistas, la ampliación de las facultades estatales de vigilancia y las señales de intolerancia hacia las voces críticas constituyen hechos que, observados en conjunto, revelan una tendencia preocupante.

Los siguientes casos son sólo ejemplos de señales de alerta que merecen ser observadas en conjunto, reflejando una lógica preocupante hacia el debilitamiento de los contrapesos democráticos.

Una ley que atenta contra las organizaciones de la sociedad civil

El reciente proyecto de regulación de la “gestión de intereses” presentado por el Poder Ejecutivo fue anunciado bajo la bandera de la transparencia. Sin embargo, numerosas organizaciones especializadas como Fundación Avina, Poder Ciudadano y Fundación Ambiente y Recursos Naturales advirtieron rápidamente un problema central: el proyecto no diferencia adecuadamente entre el lobby corporativo destinado a defender intereses particulares y la incidencia pública que realizan organizaciones sociales, ambientales, educativas, científicas y de derechos humanos.

En caso de aprobarse la ley tal como la plantea el proyecto oficialista, las consecuencias serían graves. Bajo una definición extremadamente amplia, actividades tan habituales como reunirse con un legislador, enviar una propuesta técnica, participar de una audiencia pública o impulsar cambios en una política pública podrían quedar alcanzadas por obligaciones, controles y sanciones pensadas originalmente para la actividad de lobby corporativo.

La sociedad civil organizada cumple una función indispensable en cualquier democracia. Monitorea al Estado, promueve derechos, genera evidencia, representa demandas ciudadanas y contribuye a mejorar las políticas públicas. Equiparar ese trabajo con la defensa de intereses privados no fortalece la transparencia: debilita la participación ciudadana y coloca bajo sospecha a quienes trabajan por el bien común y la defensa de los derechos humanos.

Resulta especialmente preocupante que el proyecto contemple sanciones económicas extremadamente elevadas e incluso consecuencias penales de hasta 2 años de prisión para quienes incumplan sus disposiciones. El mensaje político es claro: quien busque influir en las decisiones públicas deberá hacerlo bajo un esquema de vigilancia estatal que puede transformarse fácilmente en una herramienta de control y disciplinamiento.

Bajo esta situación alarmante, las organizaciones no niegan la importancia de la regulación del lobby; por el contrario, plantean que contar con reglas claras para su funcionamiento puede favorecer la transparencia, reducir los riesgos de conflictos de interés y fortalecer los mecanismos de control sobre la gestión pública. Sin embargo, enfatizan en la necesidad de establecer marcos regulatorios diferenciados para la representación de intereses particulares o sectoriales y para las acciones de incidencia pública impulsadas por organizaciones que promueven derechos, bienes comunes e intereses colectivos.

El ataque sistemático a la prensa

Durante este período de gobierno se ha instalado una lógica de confrontación permanente con periodistas y medios de comunicación. Las descalificaciones públicas —desde las cuales el propio presidente ha llegado a referirse a periodistas como "basuras repugnantes" y "delincuentes"— han dejado de ser episodios excepcionales para transformarse en una práctica recurrente. La reiteración de mensajes como "no odiamos lo suficiente a los periodistas" no sólo degrada el debate público, sino que busca erosionar la legitimidad social de una de las principales herramientas de control democrático: la prensa independiente. Cuando desde el poder se señala a periodistas como enemigos, no sólo se afecta a personas concretas y su imagen pública, sino que también se busca erosionar la legitimidad social de una de las principales herramientas de control democrático.

La reciente denuncia contra los periodistas Ignacio Salerno y Luciana Genua, por realizar tareas de cobertura en la Casa Rosada constituye otro ejemplo de esta tendencia. A pesar de la reapertura de la sala de prensa, actualmente persisten restricciones al trabajo periodístico dentro de la sede de gobierno, con limitaciones de acceso a distintos espacios, mayores controles y la interrupción de las conferencias de prensa periódicas. 

Del mismo modo, la creación de estructuras estatales destinadas a responder y confrontar sistemáticamente contenidos periodísticos bajo el argumento de “combatir la desinformación” -como es el caso de la "Oficina de Respuesta Oficial"- genera serias preocupaciones sobre la utilización de recursos públicos para señalar y desacreditar voces críticas.

Inteligencia estatal y ampliación de facultades de vigilancia

Otra de las señales más preocupantes surgió con la reforma del sistema de inteligencia impulsada mediante el DNU 941/2025. La medida no fue producto de una ley debatida por los representantes legislativos, sino de una determinación adoptada unilateralmente mientras el Congreso estaba en receso.

La norma exigía que numerosos organismos del Estado compartan información sensible de la población con la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), sin establecer procedimientos específicos ni garantías de fiscalización. Asimismo, la medida otorgó a los servicios de inteligencia facultades inéditas en democracia, incluyendo la posibilidad de participar en acciones que deriven en detenciones. Diversas organizaciones alertaron que el decreto ampliaba significativamente las capacidades estatales de acceso a información personal, debilitaba mecanismos de control y otorgaba facultades incompatibles con los estándares democráticos construidos por la Argentina desde el retorno constitucional.

Si bien varios de los aspectos más controvertidos fueron posteriormente revisados ante el amplio rechazo social e institucional que generaron, el episodio resulta igualmente alarmante, al revelar una voluntad política de avanzar sobre garantías fundamentales vinculadas a la privacidad, la libertad individual y el control ciudadano sobre los organismos de inteligencia.

Cuando la crítica al poder parece tener costos

La fallida intención del Gobierno nacional de retirar el pliego de una candidata a jueza federal, María Verónica Michelli, vinculada familiarmente al periodista de investigación Hugo Alconada Mon, encendió una nueva alarma institucional. El episodio adquiere especial gravedad porque ocurrió en un contexto en el que el periodista se encuentra dando a conocer investigaciones sensibles para el oficialismo, entre ellas, una sobre la vinculación directa del gobierno con el presunto fraude vinculado a la promoción de la criptomoneda $LIBRA.

La decisión generó un fuerte rechazo incluso dentro de sus propias filas. La presidenta del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich, manifestó su desacuerdo con la medida, planteó una “objeción de conciencia” frente a la decisión presidencial y llegó a poner a disposición su renuncia al cargo bajo el argumento de que “no se puede atribuir consecuencias disciplinarias por una relación familiar”. Que incluso dirigentes del propio oficialismo hayan considerado inaceptable la decisión refleja hasta qué punto el episodio fue percibido como una señal preocupante para el tratamiento de las voces críticas al poder.

Una preocupación que trasciende las diferencias políticas

Desde hace más de 35 años, nuestra Fundación trabaja por el fortalecimiento democrático, la participación ciudadana, la construcción de consensos y la articulación entre sectores diversos de la sociedad. Lo hemos hecho junto a gobiernos de distintos signos políticos, siempre desde una posición independiente, plural y comprometida con los valores democráticos.

Por esa trayectoria creemos necesario advertir sobre una tendencia que trasciende cualquier diferencia partidaria. Lo que está en discusión no es una política pública específica ni una disputa ideológica coyuntural. Lo que está en juego son las condiciones que permiten que una democracia funcione plenamente.

Cuando se busca controlar a las organizaciones de la sociedad civil, cuando se hostiga a la prensa, cuando se amplían facultades de vigilancia estatal y cuando se deslegitima a quienes ejercen tareas de control democrático, el resultado es siempre el mismo: se reduce el espacio cívico, se debilitan las libertades y se deterioran los mecanismos de rendición de cuentas que limitan el poder.

Robert Dahl, uno de los principales referentes de la teoría democrática contemporánea, afirmaba que las democracias modernas dependen de la existencia de instituciones capaces de garantizar la libertad de expresión, el acceso a información independiente, la libertad de asociación y la participación efectiva de la ciudadanía en los asuntos públicos. Estas no son condiciones accesorias, sino los pilares que permiten controlar al poder y preservar la calidad democrática. 

En la misma línea, Guillermo O'Donnell advirtió que las democracias pueden degradarse aún cuando continúen celebrándose elecciones libres. Su concepto de "ciudadanía de baja intensidad" describe precisamente aquellos contextos en los que los derechos políticos subsisten formalmente, pero las garantías, libertades y mecanismos de control que permiten a la ciudadanía ejercer plenamente su condición democrática comienzan a debilitarse.

Ese es el riesgo que hoy advertimos.

La reducción de los espacios de participación, el cuestionamiento permanente a las voces críticas, los intentos de controlar la incidencia de las organizaciones sociales y la expansión de facultades estatales de vigilancia no son hechos inconexos. Forman parte de una misma dinámica que limita la capacidad de la sociedad para expresarse, organizarse, controlar al poder e influir en las decisiones públicas.

Defender la libertad de expresión, la participación ciudadana, la autonomía de las organizaciones sociales, la democracia ambiental y los mecanismos de control del poder no es defender intereses sectoriales. Es defender las condiciones mínimas que hacen posible una sociedad libre, plural y democrática. Y es precisamente en momentos como este cuando esa defensa se vuelve sumamente necesaria.