Resistencia civil a la minería en Panamá
La sociedad civil reclama su lugar en las decisiones ambientales mientras se desarrolla la Semana del Clima de América Latina y el Caribe
Aprovechando la atención internacional que recibe la Semana del Clima de América Latina y el Caribe que se está desarrollando en su país, panameños de distintas organizaciones de la sociedad civil se manifestaron a lo largo de toda la capital, e incluso en otras provincias, en contra de la Ley que renueva la concesión minera con la subsidiaria de First Quantum Minerals, Minera Panamá, la cual explota la mina de cobre a cielo abierto más grande de Centroamérica, en las costas de dicho país.
Nuevamente América Latina es el escenario de protestas civiles en el marco de acuerdos estatales con empresas transnacionales cuyo objetivo principal es ganar dinero a través de la explotación de sus recursos naturales. Nuevamente, también, las decisiones relacionadas a los recursos son tomadas luego de acuerdos entre los altos mandos políticos y los representantes del empresariado, sin considerar prioritaria la opinión de la sociedad civil.
Es por esto que la capital de Panamá se vio afectada por protestas, cortes de calles y enfrentamientos violentos entre los manifestantes y la policía, ya que sindicatos, maestros, comunidades indígenas, estudiantes universitarios, personal sanitario y organizaciones de derechos humanos y de la naturaleza mostraron su rechazo hacia la renovación contractual que le otorga los derechos de explotación por 20 años más a Minera Panamá.
No es la primera vez que la cuestión ambiental pone en jaque al gobierno nacional de un país, teniendo en cuenta que pareciera tener que decidir entre el ingreso de divisas para mantener o aumentar su PBI, dañando al ambiente con políticas extractivistas, o preservar sus recursos naturales a costa los económicos. Esto es evidente si se considera que los 375 millones de dólares del pago anual que la empresa canadiense debe hacerle al estado de Panamá a partir de la vigencia del nuevo contrato equivalen al 4,8% del PBI del país, y que la instalación emplea directamente a 9.387 personas.
Otro aspecto que cuestiona esta decisión tiene que ver con las capacidades estatales de explotar los recursos naturales de sus territorios. Si bien el monto anual del contrato de la empresa canadiense es de U$S 375 mil, representa simplemente una pequeña parte de los más de U$S 2 mil millones que la empresa factura, produciendo 300.000 toneladas de concentrado de cobre al año. El debate que la sociedad civil plantea en las calles, entonces, se relaciona además con la soberanía nacional.
El proyecto fue aprobado en el Congreso con una amplia mayoría, y fue rápidamente ratificado por el Presidente Cortizo, pero de todas maneras parecería no representar a una población que reclama el cese a la actividad minera, o, en última instancia, una consulta popular que defina la decisión.
Sin embargo, y aunque desde el Gobierno no parece haber interés en dar marcha atrás con la medida, las movilizaciones sociales permitieron instalar el debate en agenda, aprovechando un evento político-climático de gran importancia de cara a la COP 28. Es claro entonces que los decisores deberán tomar la experiencia panameña para comenzar a incluir de manera directa las demandas sociales cuando se trate de definir políticas que afecten los territorios y el derecho de todas las personas a habitar un ambiente sano.
