¿Qué se está haciendo por los humedales?

Para el común de la población, la sensación es de una inacción generalizada. En este contexto, ¿qué gestión pública se está llevando a cabo?

Tanto a nivel nacional como local, los incendios en el Delta del Paraná continúan siendo un tema preocupante en la agenda pública. Ya sea en medios tradicionales o en redes sociales, se publican denuncias y descargos con respecto a la temática. Sin embargo, para el común de la población rosarina y alrededores, la sensación es de una inacción generalizada por parte de todos los responsables políticos y de una falta de determinación para frenar la grave crisis ambiental. Gran cantidad de personas se encuentran sufriendo problemas de salud y el hartazgo social es un común denominador en la región. Teniendo en cuenta este contexto frustrante en el que la calidad de vida de la población está siendo afectada, ¿qué se está haciendo desde la Municipalidad de Rosario y desde los Ministerios de Ambiente, tanto provincial como nacional? ¿En qué situación parlamentaria se encuentra la Ley de Humedales? ¿Qué posición tienen los legisladores nacionales de Santa Fe?

Municipalidad de Rosario

El 21 de septiembre el intendente Pablo Javkin mantuvo una reunión con referentes y especialistas ambientales locales, en la cual la FNGA estuvo presente, con el objetivo de poner al tanto a la sociedad civil sobre el accionar de la Municipalidad en la materia. Del encuentro participó también el cuerpo de legales del Municipio, el cual brindó una actualización de las causas judiciales abiertas a partir del conflicto. Entre ellas se encuentra la “Causa usurpación Mariani”, en la que están en disputa más de 800 hectáreas de tierras de la isla El Charigüé con Enzo Mariani, productor agropecuario que hace años está ocupando tierras que pertenecen a la ciudad de Rosario. La Municipalidad inició en mayo de este año una Acción de Reivindicación contra Mariani, con el objeto de recuperar las tierras, lo cual es ahora posible ya que se ha realizado la inscripción definitiva de los terrenos del Legado Deliot. Según la Municipalidad, recuperar esos espacios usurpados es vital para la protección de los humedales, ya que dentro de ese área se planea instalar nuevos faros de conservación, es decir, unidades dotadas por personal para monitorear de forma permanente y con carácter preventivo cualquier episodio que impacte en la biodiversidad. Asimismo, se enumeraron las denuncias penales realizadas por la administración de Pablo Javkin, de marzo del 2020 (causa 840/2020) y julio del 2022 (causa 6507/2022), en las que la Municipalidad está actuando como querellante, habiendo presentado evidencia de 10 polígonos en los que se monitorearon 59 focos de incendios reiterados en dos años y medio, con la intención de geolocalizar las áreas donde se producen los ecocidios.

Por otro lado, la Secretaría de Salud está trabajando en la atención y seguimiento de patologías provocadas por el humo (las consultas médicas mensuales se incrementaron un 30,7% en la primera quincena de septiembre 2022), y la Secretaría de Medio Ambiente está llevando a cabo una medición de la calidad del aire junto con la Universidad Nacional de Rosario y la Universidad Tecnológica Nacional.

Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe

Por otro lado, el Ministerio de Ambiente de Santa Fe, según un informe oficial, ha puesto en marcha desde el 2021 un Programa interministerial de prevención, control y combate de incendios, en el que se trabaja articuladamente con el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Santa Fe, contemplando acciones integrales para abordar la problemática.

A su vez, deja asentado que se ha conformado y capacitado a la Brigada de Atención y Prevención de Emergencias (BAPE) y se ha invertido en uniformes, herramientas y equipamiento. También sostiene haber capacitado a efectivos de la Guardia Rural “Los Pumas”, Policía Vial y Bomberos Zapadores en el combate de incendios en ambientes naturales, además de realizar un rastrillaje permanente de prevención sobre las islas.

Con respecto a los medios aéreos, la provincia puso a disposición de los operativos un helicóptero con helibalde y firmó un convenio con la Federación Argentina de Cámaras Agroaéreas (FeArCA) “con el objetivo de poder utilizar aviones agrícolas para un primer apoyo en el combate de incendios”.

En cuanto al accionar legal, previas denuncias durante el 2021, en el 2022 la Ministra Erika Gonnet denunció a través de la Fiscalía de Estado, ante el Juzgado Federal de Victoria, los focos ocurridos en territorio entrerriano que afectaron localidades santafesinas. Según dicho informe, se aportaron datos actualizados y la geolocalización correspondiente, ampliando la denuncia en reiteradas ocasiones.

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación

Por otro lado, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación publicó en el Boletín Oficial de febrero la efectiva transferencia de más de $4.000 millones de pesos al Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), organismo encargado de la coordinación de los recursos requeridos para el combate de incendios forestales, rurales o de interfase. Estos fondos se suman a los ya existentes, dando como resultado una suma de $6.700 millones para la gestión de este año.

Asimismo, la cartera a cargo de Juan Cabandié publica a diario el Reporte de Incendios, que especifica los focos activos, contenidos y extinguidos del día, así como los medios que operan en cada zona afectada. Según este informe oficial, desde el 17 de septiembre de 2022, en el Delta del Paraná “se encuentran disponibles para operar tres aviones hidrantes, dos helicópteros con helibalde, dos helicópteros para traslado de personal, y un nuevo avión observador del SNMF”. Asimismo, sostiene haber sumado un total de 64 brigadistas y apoyo técnico con pronóstico meteorológico para planificación”. Por su parte, el informe del 2 de octubre señaló que el SNMF dispuso un nuevo helicóptero y se convocaron otros 54 combatientes más.

Congreso de la Nación

Finalmente, uno de los ejes centrales de discusión gira en torno a la sanción de una Ley de Humedales. Existen múltiples proyectos presentados, que difieren significativamente en puntos esenciales de la ley, como es la definición de humedal seleccionada. Esto trae consigo un dilatamiento de su tratamiento en el plenario de comisiones, teniendo en cuenta que tanto legisladores del oficialismo como de la oposición resolvieron aplazar la fecha de tratamiento para poder, según el comunicado oficial, “escuchar las posiciones de los gobiernos provinciales”.

En palabras de Germana Figueroa Casas, Diputada Nacional por Santa Fe de Juntos por el Cambio: “Es muy delicado su tratamiento ya que se trata de encontrar un equilibrio entre el cuidado del ambiente y la producción. La definición de humedales es muy importante, así como tener en cuenta el rol de las provincias para no afectar el federalismo. También hay diferentes posiciones sobre la transición hasta que se haga el inventario. Vamos a plantear lograr una ley equilibrada”. Por otra parte, destacar que el Ministerio de Ambiente tiene herramientas para el combate del fuego, nunca hubo tantos recursos como desde el año pasado con la creación de un Fondo Fiduciario para el Manejo del Fuego que se compone por una tasa del 3 por mil del total de las pólizas de seguro de todo el país y no se ven los resultados."

En este contexto de falta de consenso, y hasta el momento de diferimiento de la plenaria, los dos proyectos con más posibilidades de obtener los votos necesarios son el de Ximena García (Juntos por el Cambio) y el de Leonardo Grosso (Frente de Todos), el cual cuenta además con aprobación por parte de los ambientalistas. Aún así, múltiples sectores, como los productores agropecuarios y los mineros, se rehúsan a la sanción de una ley que creen innecesaria, y que sostienen no va a frenar el problema de los incendios.

Más allá de lo publicado en los informes oficiales y del presunto accionar de todos los sectores, es evidente que la solución estatal está tardando en llegar, mientras el impacto en la vida diaria de todos los rosarinos y habitantes de ciudades aledañas es innegable.

La sociedad se siente impotente frente al incumplimiento de un derecho tan básico como el de vivir en un ambiente sano. La fauna y flora de enormes cantidades de hectáreas están siendo destruídas y los ecosistemas están sufriendo daños irreparables. Además de los recursos empleados para el manejo del fuego (que evidentemente no están siendo suficientes), así como la sanción de una ley regulatoria y de presupuestos mínimos, es necesario poner el foco en dos puntos centrales: la importancia del accionar rápido de la justicia, para que los responsables de estos ecocidios no puedan seguir reiterando esta situación en el tiempo, y la conformación de un plan de prevención del fuego eficiente, que se lograría con diálogo y trabajo articulado entre todos los sectores especialistas y afectados.

Ante problemáticas de este tipo no hay lugar a discusiones partidarias, sino que se deben dejar de lado en pos de una respuesta para la población. Debemos exigir como sociedad que los recursos que están disponibles se efectivicen y se utilicen en lo que corresponda, y que la justicia actúe. Es intolerable que los distintos sectores políticos se acusen mutuamente; todos son los encargados de dar una respuesta conjunta a la crisis ambiental, cada uno desde sus potestades políticas.

Por Valentia Barquero