Oposición del sector ambientalista a las reformas de la Ley Ómnibus
Valentina Barquero
Directora del Área de Democracia y Vínculos para el Desarrollo de la FNGA
Más de 100 organizaciones, entre ellas la FNGA, se posicionaron en contra de las modificaciones en legislación ambiental que propone la Ley Bases del Ejecutivo nacional.
El pasado 27 de diciembre el presidente Javier Milei, a 17 días de su asunción y luego de la entrada en vigencia de un discutido Decreto de Necesidad y Urgencia, envió al Congreso de la Nación la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, mediáticamente conocida como “Ley Ómnibus”. Este proyecto de ley contiene 664 artículos, más 6 anexos. Entre sus 38 capítulos, plantea una serie de modificaciones en la legislación ambiental vigente en la Argentina. Frente a estos potenciales cambios, más de 100 organizaciones ambientalistas de todo el país se articularon para posicionarse negativamente, de lo cual surgió una carta que fue publicada y enviada a diputados, jefes de bloque y autoridades de la Cámara de Diputados el día 5 de enero.
En dicha carta, las organizaciones evaluaron el impacto de las medidas propuestas. Entre las modificaciones presentes en el proyecto original, figuran reformas a la Ley 26.562 de presupuestos mínimos para el Control de Actividades de Quema. Este proyecto mantiene la definición de “quema”, pero agrega una definición de “aprovechamiento productivo” entendido como toda “actividad que tenga una finalidad de lucro y que no tenga relación alguna con la protección medioambiental del terreno”. De esta forma, se permitiría el avance sin control ni autorización previa de quemas para desarrollo de infraestructura diversa, plantaciones, cultivos que no se comercialicen, etc. A su vez, mantiene la prohibición de actividad de quema sin autorización, pero estableciendo un plazo de 30 días hábiles para que la autoridad competente responda a la solicitud. En caso de falta de respuesta, se consideraría que la quema ha sido autorizada “tácitamente”. De esta manera, el silencio es interpretado de manera positiva y autoriza de manera tácita a avanzar con quemas sin sanciones en caso de eventuales impactos negativos.
A su vez, en cuanto a la Ley 26.331 de Bosques Nativos, la propuesta elevada por el Poder Ejecutivo al Congreso implica para las organizaciones “el más grave retroceso que podría imaginarse en materia de protección de Bosques Nativos”. La Ley actual ordena las tierras de todo el país y establece una suerte de semáforo para la deforestación. Según datos oficiales, la superficie total de bosques nativos en Argentina es de 53.184.501 hectáreas. En caso de que se aprobara la modificación propuesta, las exigencias legales de Evaluación de Impacto Ambiental y participación ciudadana ya no serían requeridas para bosques categorizados en verde (categoría III) que alcanzan las 10.192.063 has (19% del total de la superficie de bosque nativo del país). Estos requerimientos son importantes porque, si bien la categoría verde representa bosques de bajo valor de conservación que legalmente pueden desmontarse, la norma nacional asegura que haya una instancia de análisis de impactos sociales y ambientales y participación de la población que puede ser afectada por tal cambio de uso del suelo.
Sumado a esto, el proyecto de ley pretende habilitar desmontes hoy prohibidos por la Ley 26.331 en las categorías roja (I) y amarilla (II). Se tratan de bosques de muy alto valor de conservación y II de mediano valor de conservación. Están categorizadas en rojo 10.992.353 has (21%), mientras que están categorizadas en amarillo 32.000.085 has (60%). De esta manera, de aprobarse el proyecto de ley, más de 42 millones de hectáreas quedarán desprotegidas.
En materia de financiamiento, deroga la obligación del Estado Nacional de constituir anualmente el Fondo Nacional de Conservación y Enriquecimiento de Bosques Nativos con el 0,3 % del Presupuesto Nacional y el 2% de las retenciones a las exportaciones de productos agrícolas y forestales. Deja por lo tanto el financiamiento de la implementación de la Ley de Bosques Nativos a merced de la asignación presupuestaria que desee realizar el Ejecutivo. En más de 15 años de vigencia de la Ley de Bosques Nativos, la asignación presupuestaria nunca se constituyó enteramente. Los fondos asignados oscilan anualmente entre el 3 y el 15% de lo establecido por ley. Para las organizaciones “dotar de partidas suficientes al fondo de la Ley 26.331 es fundamental para avanzar hacia una progresiva y definitiva protección de nuestros bosques”. Asimismo, para éstas “la norma propuesta contiene una gravedad inusitada para la economía del país, de una dimensión no considerada. Nos referimos a la incidencia que la política en materia de lucha contra la deforestación tiene en relación a las exportaciones en varios mercados del mundo, donde se exige, para la introducción de productos, que el país muestre una fuerte política combatiendo la deforestación y la degradación forestal”.
Por su parte, el proyecto de ley pretende modificar la Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la preservación de los Glaciares y del Ambiente y del Ambiente Periglacial con el fin explícito de habilitar la actividad económica en la zona periglacial. El texto propuesto recorta la definición amplia de glaciar presente en la ley vigente y la restringe a una protección limitada a determinados glaciares. Ello en respuesta a un reclamo histórico del sector minero en detrimento de la protección ecosistémica, constituyendo una clara vulneración al principio de no regresión ambiental contenido en el Acuerdo de Escazú. Según la carta enviada al Congreso “vulnera la protección de ambientes que ya están en retroceso y que son centrales como reservorios de agua dulce, y que tienen funciones clave para la adaptación y mitigación al cambio climático y para la regulación hídrica, especialmente en zonas desérticas”.
Asimismo, busca introducir cambios en la Ley 24.922 del Régimen Federal de Pesca. El proyecto de ley propende a flexibilizar el proceso para otorgar permisos de pesca con cambios a las condiciones y prioridades hoy dispuestas y concentrando ese otorgamiento en la autoridad de aplicación, sin involucramiento del Consejo Federal Pesquero (CFP). Asimismo, deroga la obligatoriedad de desembarcar la producción de los buques pesqueros en muelles argentinos pudiendo descargarse en otros puertos o mediante transbordos en alta mar, lo que puede afectar la transparencia y trazabilidad de la pesca. Otro aspecto muy grave de la reforma es el traslado de funciones desde el CFP hacia la autoridad de aplicación nacional, lo que importa una mengua de los derechos de las provincias costeras que participan en dicho órgano.
Sumado a esto, también presenta modificaciones en la estrategia para la transición energética. El proyecto se enfoca en el establecimiento de mercados de derechos de emisión de gases de efecto invernadero (GEI). Pretende asignar derechos de emisión de GEI a cada sector y subsector de la economía “compatibles con el cumplimiento de las metas de emisiones de GEI comprometidas por el país para el 2030 y sucesivas”.
También busca facultar al Poder Ejecutivo Nacional para la asignación de derechos de emisión de GEI, establecer límites de emisión, monitoreo de avances y una plataforma de registro, y penalización en caso de incumplimiento. El interrogante que de aquí se desprende es: si estas actividades quedan vinculadas al PEN, ¿cuál es el rol y función de las demás áreas gubernamentales y no gubernamentales competentes en la temática? Si bien este punto es importante, las organizaciones advierten que “no establece el proyecto de ley cómo y con qué metodologías realizará dicho monitoreo, ni tampoco hace alusión a cómo serán establecidas las penas por supuestos incumplimientos”.
Incidencia en el Congreso de la Nación
Por otro lado, representantes de estas decenas de organizaciones disertaron durante el Plenario de comisiones de la Cámara de Diputados. Manuel Jaramillo, Director General de Fundación Vida Silvestre, y Andrés Napoli, Director Ejecutivo de Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), le solicitaron a la Cámara de Diputados de la Nación Argentina que no den lugar al proyecto de ley.
Andrés Napoli señaló que: “En un contexto de crisis ecológica, climática y desigualdad social, el proyecto hiere de muerte los sistemas de protección establecidos en leyes que llevó mucho esfuerzo alcanzar, y que en línea lo que dispone el artículo 41 de la Constitución Nacional, garantizan una protección ambiental uniforme en todo el país (…) La Ley Ómnibus, tal como está planteada es regresiva en materia de protección de nuestros bienes ambientales, y en materia de transparencia y participación pública”.
Por su parte, Manuel Jaramillo detalló que: “Gran parte de las organizaciones hemos también trabajado por años en demostrar exitosamente que el desarrollo y la conservación no son elementos antagónicos, que es posible – y necesario- articular un modelo de desarrollo económico que no sea a costa de afectar negativamente al ambiente y a los sectores sociales más vulnerables. El verdadero desarrollo es sustentable. Si no es sustentable, no es verdaderamente desarrollo. Es solo una transferencia de recursos en la cual el ambiente y los sectores vulnerables de la sociedad cubren las externalidades negativas de esa transacción”.
En simultáneo, representantes de las organizaciones se reunieron con legisladores de diversos espacios políticos y con funcionarios del gobierno de Milei. Una de estas reuniones fue con Ana Lamas, Subsecretaria de Ambiente del Ministerio del Interior y su equipo. Allí aseguró: “Todos defendemos el ambiente” a la vez que explicó que “todo ha evolucionado”. “Hay leyes que tienen unos cuantos años y hay que adecuarlas a las realidades que venimos viendo”, indicó y agregó que “las leyes deben ser modificadas de forma integral”. Además, la funcionaria se refirió a observaciones que se realizaron desde el área para adecuar modificaciones al proyecto de ley. En tal sentido, aclaró que “hubo un error de transcripción” y manifestó que no había intención de “poner las categorías I y II” en debate.
Además, se llevaron a cabo encuentros con Marilú Quiroz (Diputada por el PRO); Christian Castillo, Romina Del Plá y Alejandro Vica (Diputados por el Frente de Izquierda y de Trabajadores unidad); Maximiliano Ferraro (Diputado por Hacemos Coalición Federal); Fabio Quetglas, Natalia Sarapura, Pablo Cervi, Francisco Monti y Martín Arjol (Diputados por la UCR - Unión Cívica Radical); Sabrina Selva, Gabriela Estévez y otros Diputados del Bloque Unión por la Patria; y Pamela Caletti, Alberto Arrúa, Agustín Domingo, Carlos Alberto Fernandez, Osvaldo Llancafilo, Pablo Otes, Yamila Ruiz, Daniel Vacsik y Yolanda Vega (Diputados del Bloque Innovación Federal).
El nuevo borrador del Ejecutivo
Ante la presión de diversos sectores de la sociedad civil, y frente a la necesidad de negociar con los distintos bloques de la oposición en el Congreso, el Ejecutivo Nacional envió un nuevo borrador de proyecto el día 22 de enero. En dicho borrador, se dio marcha atrás con ciertas modificaciones presentes en el primer documento.
Entre ellas, en cuanto a la Ley de Quemas, se eliminó la definición de “aprovechamiento productivo” y se extendió el plazo para dar por aprobada una solicitud de quema en caso de que la autoridad no responda a 90 días.
En cuanto a la Ley de Bosques, se eliminó la propuesta de habilitar desmontes en Categorías I y II, pero continúa la propuesta de modificar la composición del Fondo. Se propuso a su vez un nuevo artículo para otorgar los mismos fondos en 2024 que los otorgados en 2023.
Para la Ley de Glaciares, continúan las propuestas para modificar el objeto de la ley y las definiciones, afectando el ambiente periglacial y los requisitos para proteger los glaciares. En cuanto a las quemas, se incorpora la derogación de la ley 27.604 dejando en efecto sólo la ley 26.815 (versión anterior). La ley 27.604 incorporó modificaciones a la 26.815 sobre incendios en bosques nativos, prohibiendo ciertas acciones (como realizar modificaciones en el uso y destino de las tierras quemadas) por 60 días luego de un incendio, y por 30 días en incendios ocurridos en zonas agropecuarias, praderas, pastizales, matorrales y en áreas donde las estructuras edilicias se entremezclan con la vegetación fuera del ambiente estrictamente urbano o estructural.
En cuanto a pesca, se mantiene la obligación de desembarcar en la Argentina y se mantienen los requisitos actuales con respecto a la tripulación local, pero se deja la puerta abierta para una licitación internacional.
Con respecto a la transición energética, se agrega la consulta no vinculante a sectores de la sociedad para definir la modalidad de asignación de derechos de emisión. Se agrega como factor a tener en cuenta para la asignación de derechos de emisión los esfuerzos en innovación y/o hayan implementado medidas de mitigación que hayan hecho los receptores del derecho. Se elimina también la mención a las NDC.
La posición de las organizaciones
Frente a este nuevo borrador, se envió un nuevo descargo por parte de las organizaciones resaltando nuevamente sus falencias. Las firmantes destacan que “la legislación ambiental vigente se ha desarrollado conforme mandatos de la Ley General del Ambiente y respetando procesos participativos que han involucrado a los más diversos sectores sociales”. En ese sentido, aducen a la Ley Ómnibus carencia de diálogo y participación pública. En todas sus cartas, solicitaron insistentemente “la ampliación de giros de comisión para el tratamiento del proyecto, dado que este abarca numerosos temas que no competen únicamente y en algunos casos van más allá de las capacidades de las comisiones a las cuales actualmente tiene giro (Presupuesto y Hacienda, de Asuntos Constitucionales y de Legislación General). En línea con los temas analizados, las comisiones faltantes para el análisis del proyecto son: de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, de Energía y Combustibles, de Intereses Marítimos, Fluviales, Pesqueros y Portuarios y de Agricultura y Ganadería”.
Además, sostuvieron que las propuestas avasallan la normativa nacional e internacional vigente en materia de ambiente, por lo que reclaman que dichas modificaciones se eliminen del dictamen de la Ley Ómnibus y se traten en sesiones ordinarias del Congreso. Se espera que el debate en recinto se lleve a cabo el día martes 30 de enero, pero aún resta su confirmación.
