Año electoral, ¿dónde quedará la agenda ambiental?
En un año en el cual se eligen autoridades en la gran mayoría de las jurisdicciones de nuestro país, surgen dudas acerca de la preponderancia que se le dará a la agenda ambiental tanto dentro de la gestión del gobierno actual como en los planes de gobierno de los aspirantes al poder
Las consecuencias del cambio climático son evidentes, y su agravamiento es innegable en todo el mundo. Argentina no está exenta de esta situación: sequías persistentes, devastadores incendios en grandes bosques y humedales, inundaciones e intensas olas de calor que afectan la vida diaria de toda la población.
La región litoral ha sido de las más golpeadas en este contexto, teniendo en cuenta los largos períodos de quemas en Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe; las altas temperaturas que no cesan aún adentrando el otoño; y las sequías que perjudican gravemente a la producción agropecuaria, significando pérdidas millonarias en términos económicos.
El 2023 tiene la particularidad de ser un año electoral en el que se definen los nuevos (o no tanto) funcionarios que estarán a cargo de la toma de decisiones en cuanto a políticas públicas y asignación de presupuestos. Este año se elegirá al futuro Presidente de la Nación, y la mayoría de las jurisdicciones deberán renovar sus autoridades municipales y legislativas, así como también sus gobernadores. 21 de las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se encuentran en esta situación. Considerando este contexto, está claro que será un período de muchos e intensos debates, propuestas y acuses entre las distintas oposiciones. Aquí cabe preguntarse ¿será tenida en cuenta la problemática ambiental ante este escenario?
Argentina tiene una ambiciosa agenda ambiental pendiente de su implementación. Durante la última COP27 (Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático del 2022), el gobierno nacional presentó su Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático al 2030, un extenso documento que sintetiza alrededor de 250 políticas e instrumentos que el país tiene planeado realizar hasta 2030 con el objetivo de responder a la problemática del cambio climático y reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI). Este plan tiene 6 líneas estratégicas: transición energética, transición productiva, movilidad sostenible, territorios sostenibles y resilientes, conservación de la biodiversidad y bienes comunes, y gestión sostenible de los sistemas alimentarios y bosques. Habiéndose ya publicado y presentado, resta ahora ver qué mejoras se concretarán realmente, y hasta qué punto este plan se llevará a cabo, a sabiendas de que todas las medidas que se tomen requieren de un acceso considerable a fuentes de financiamiento, de las cuales Argentina carece, aún más en un año electoral donde los recursos económicos se destinarán a beneficios sociales a corto plazo de tipo clientelista o “atrapa votos”.
Por otro lado, será interesante evaluar el accionar del Poder Legislativo durante este año. En los cajones del Congreso de la Nación aguardan proyectos de ley relativos a problemáticas ambientales que no han sido tratados. Leyes como la de Humedales y la de Ordenamiento Ambiental Territorial (OAT) han ingresado al Congreso, pero no han tenido tratamiento en Comisiones. Otras, como la de Envases, Delitos ambientales, Trazabilidad de la pesca, Eficiencia energética, Evaluación de impacto ambiental, entre otras varias, no tienen proyectos vigentes, y muchas han perdido su estado parlamentario. La particularidad de estas leyes es que son muy controversiales ya que algunos sectores se verían afectados por nuevas regulaciones. El Congreso debería entonces poder sancionar leyes que equilibren el cuidado ambiental con la producción económica, sin que una excluya a la otra. De esta forma, escuchando a todos los actores involucrados y aunando intereses en apariencia contrapuestos, pero totalmente armonizables, se podrá mejorar la calidad legislativa ambiental de nuestro país.
Asimismo, otro punto a tener en cuenta tiene que ver con la implementación del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como Acuerdo de Escazú. Este acuerdo es un eje fundamental para mejorar la calidad de la democracia ambiental de la Argentina y de la región, ya que tiene como objetivos alcanzar la articulación y la búsqueda de acciones conjuntas para superar las brechas de inclusión de América Latina y el Caribe en pos de garantizar a la ciudadanía el derecho a la información, el derecho a la participación en la toma de decisiones y las instancias de debate y el derecho al acceso a la justicia en materia ambiental (derecho a solicitar la ejecución de las leyes ambientales o la compensación por daños).
Argentina acompañó su entrada en vigor en abril de 2021 y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires será la sede de la segunda Conferencia de las Partes del Acuerdo de Escazú entre los días 19 al 21 de abril. Esta Conferencia, organizada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), es el máximo órgano deliberativo y de decisión del Acuerdo de Escazú. Aquí participan todos los Estados Partes y aboga por garantizar una participación relevante del público y la sociedad civil. Su función es examinar y fomentar la aplicación y efectividad del Acuerdo, es decir, dar seguimiento sobre su estado de implementación en la región.
En un año lleno de incertidumbre acerca del rumbo político que tomará el país, con candidaturas aún no definidas y sin un panorama económico favorable, la agenda ambiental no parecería ser una cuestión central que se tendrá en consideración.
Aun así, más allá de los graves e importantes problemas estructurales que sufre la Argentina, como son la pobreza, la inseguridad, la crisis económica, la pérdida de la calidad educativa y el desempleo, entre muchos otros, es necesario atender a la crisis climática que se hace cada vez más palpable en la vida diaria de todos y que ya está afectando la salud y el bienestar de la población, así como el desenvolvimiento productivo de la economía. Mitigar la crisis climática, cuidar los ecosistemas, avanzar hacia una transición energética sostenible y explotar responsablemente los recursos naturales, todo esto en un marco de justicia climática, son lineamientos básicos que todo sector o candidato político que aspire al poder debería incluir en sus planes de gobierno, junto con el armado de un equipo especializado en la materia, que pueda dar cuenta de los avances alcanzados al común de la sociedad.
