El domingo 30 de abril tuvieron lugar en Paraguay las elecciones para definir a los nuevos presidente y vicepresidente de la República, así como también a 45 senadores, 80 diputados, y a los gobernadores y juntas de cada uno de los departamentos en que se divide el país (17 en total). Se trataron de los primeros comicios en el país en los que se implementó el sistema de voto electrónico.
Los resultados arrojaron un triunfo generalizado de la Asociación Nacional Republicana (ANR) - también conocida como Partido Colorado-, de tendencia nacionalista, conservadora y de derecha, convirtiéndose la fórmula de Santiago Peña y Pedro Alliana en los nuevos presidente y vice tras haber obtenido el 42,74% de los votos, quienes gobernarán con una importante mayoría en ambas cámaras y en 15 de las 17 subdivisiones administrativas que eligieron a sus respectivos representantes departamentales.
En segundo lugar, con el 27,49% de los votos, quedó Efraín Alegre, candidato por la Concertación para un Nuevo Paraguay, coalición integrada por partidos de diferentes ideologías políticas, con una fuerte predominancia de la centroizquierda. Con una cifra similar (23%), el partido Cruzada Nacional -cuya tendencia suele ser denominada como “antisistema”-, con Paraguayo “Payo” Cubas a la cabeza, obtuvo el tercer puesto. Las fuerzas restantes que compitieron fueron Nueva República (1,40% de los votos), con la candidatura de Euclides Acevedo, y el Partido de la Juventud (0,80% de los votos), con la de José Luis Chilavert.
Dichos resultados, no obstante, no fueron legitimados por la mayoría de los candidatos y por parte de la población. Similar a lo realizado por Trump en 2021 y por Bolsonaro en 2022, el candidato Paraguayo Cubas habló de fraude electoral y desconoció la victoria de Peña. De sus acusaciones se derivó una serie de protestas llevadas a cabo por sus seguidores en diferentes puntos del país, resultando en más de 100 detenciones. Luego, los candidatos Alegre y Acevedo se sumaron a los sentimientos de desconfianza y solicitaron el conteo manual de los votos y su sometimiento a revisión internacional, extendiéndose el pedido a parte importante de la ciudadanía. La Justicia Electoral de Paraguay y la Unión Europea -que envió observadores-, por su parte, negaron que se haya incurrido en prácticas fraudulentas.
Se trata de los octavos comicios electorales realizados en Paraguay desde su transición a la democracia en 1989, luego de 35 años ininterrumpidos de dictadura militar. Desde entonces, el país ha mantenido sus instituciones democráticas, aunque los índices de calidad democrática suelen señalar que no cuenta con un alto grado de la misma. Las fuerzas opositoras destacan la existencia de prácticas clientelistas y la implicancia del Partido Colorado -hegemónico en el sistema de partidos paraguayo- en la dictadura militar que gobernó el país entre 1954 y 1989. Un caso emblemático y representativo de la situación democrática en Paraguay fue la destitución en 2012 del presidente Fernando Lugo (Alianza Patriótica para el Cambio) mediante juicio político, acto concebido por muchos como un “golpe de Estado parlamentario”. Tampoco son datos menores el que en estas elecciones, de 4.7 millones de ciudadanos habilitados para votar, únicamente 3 millones hayan ejercido dicho derecho, así como el recuento de más de 60 mil votos en blanco.