Frente al desfinanciamiento generalizado de todas las partidas, ¿cuál es la situación en las áreas ambientales?
El pasado 15 de septiembre el presidente Javier Milei presentó a través de una cadena nacional su discurso de presentación del Presupuesto 2025. En éste, hizo un fuerte énfasis en su posicionamiento habitual, que tiene que ver con lograr el superávit fiscal y aplicar la “motosierra” a los gastos del Estado.
En este sentido, una de las áreas del aparato estatal que recibió grandes recortes fue la de Ambiente y Cambio Climático. Esto no es nuevo, teniendo en cuenta los discursos negacionistas del mandatario, ligados a su enfrentamiento ideológico con la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. En consecuencia, la cartera ambiental nacional, previamente llamado Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, bajó su rango a Subsecretaría, dependiente de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes del Ministerio del Interior.
Como es esperable luego de esta baja, las partidas presupuestarias se redujeron considerablemente. En el caso del presupuesto 2025, la situación es altamente preocupante. Según el análisis realizado por la organización Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Subsecretaría de Ambiente solo representará un 0,066% del total del Presupuesto. Por su parte, la Administración de Parques Nacionales (APN) menciona “erogaciones figurativas” por un total de $55.621 millones, que equivale al 0,0047% del presupuesto. Estos números muestran una disminución que varía entre el 12,25% y el 25% si se tiene en cuenta la inflación del Presupuesto 2025 y la proyectada por el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM).
Uno de los puntos particularmente alarmantes es la reducción del financiamiento en el programa de Evaluación y Control Ambiental, que ha disminuido de $30.607 millones a $16.504 millones. Esta caída representa una pérdida real de entre el 52,9% y el 59,8%, según las diferentes proyecciones de inflación para el próximo año.
Además, el presupuesto refleja un incumplimiento de la ley de Bosques (Nº 26.331). Ésta plantea que la asignación de fondos debe ser de un mínimo del 0,3% del Presupuesto. En este marco, el monto asignado por la gestión de Milei representa solo el 0,0077%. Es decir, se le asigna 38,8 veces menos de lo que corresponde, apenas un 2,56% de lo que debería recibir según la ley.
Por otro lado, se ve un claro desincentivo a la transición energética. Dentro del presupuesto, se mantienen subsidios a los hidrocarburos, destinando más de $305 mil millones a este tipo de compuestos, de los cuales $77 mil millones irán a la demanda y $228 mil millones a la oferta. Esto se complementa con la eliminación de los programas destinados al desarrollo de energías renovables en todo el país, entre los cuales se encontraban el Programa de Desarrollo de Iniciativas de Promoción de Energías Renovables, el de Fomento de la Generación Distribuida y el Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales (BIRF N° 8484).
Como contraparte, un aspecto positivo es que se puede observar un incremento en el monto asignado al manejo del fuego del 46% si se compara el monto dispuesto en el 2024. Sin embargo, es necesario evaluar si en el contexto de crisis que atraviesa el país con respecto a los incendios, este aumento es suficiente para prevenir y mitigar el fuego.