La nueva ley de discapacidad busca adaptarse, modernizarse y atender las necesidades actuales de más de cinco millones de personas en nuestro país.
En 1981 se sancionó la Ley 22.431 o “Ley de Sistema de Protección Integral de las Personas Discapacitadas” que garantizaba a todas las personas con discapacidad en territorio nacional el derecho a la educación, la seguridad social y la atención médica. Si bien esta legislación fue innovadora para su época, en la actualidad el marco regulatorio que dispone no se ajusta a las necesidades y desafíos de los nuevos paradigmas sociales.
Frente a la necesidad de ajustar el Derecho vigente a las nuevas realidades, se formuló el proyecto de una nueva Ley de Discapacidad definida por la Gobernación como “una Ley de Derechos Humanos, con perspectiva de género, interseccional e intercultural, que se ampare en los lineamientos del Modelo Social que entiende a la persona primero como persona en el reconocimiento de sus derechos humanos, civiles, políticos y de libertades fundamentales”.
Mientras que la legislación vigente identifica a la persona con discapacidad como un sujeto de cuidado y protección, la nueva normativa la reconoce como sujeto activo y autónomo de la vida en sociedad. La Ley de 1981 ha quedado obsoleta, en tanto da cuenta de una concepción de la discapacidad de anclaje eminentemente médico, proteccionista, asistencialista y que entiende a la persona con discapacidad solo como sujeto de cuidado y no como sujeto de derecho.
En consonancia con los artículos 4 y 33 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Agencia Nacional de Discapacidad realizó una convocatoria abierta a participar de la Consulta Federal Hacia una Nueva Ley de Discapacidad, a desarrollarse entre el 21 de marzo y el 15 de junio de 2022, inclusive.