Diego Sueiras, presidente de la FNGA, dialogó con Ramiro Fernández, asesor y coordinador de champions de políticas de alto nivel de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Fernández comenzó su lucha contra el cambio climático desde su Bariloche natal y hoy tiene un rol clave en la articulación de todos los actores involucrados en la toma de decisiones ambientales a nivel global.
Diego Sueiras (DS): ¿Cómo empezó tu recorrido para llegar a tu rol actual en la Fundación Avina y como coordinador de los champions?
Ramiro Fernandez (RF): Al poco tiempo de decidir dejar de ser abogado, sentí eso de “si no me gusta el mundo en el que estamos, voy a ver qué puedo hacer para cambiarlo y hacer un mundo mejor”. Esta inquietud surge de dos vertientes muy fuertes, lo social y lo ambiental, e hizo que de a poco me fuera involucrando en la Fundación Avina, con un mentor como fue Pedro Tarak, gran ambientalista de América Latina. Desde allí, me interesé por la variable ambiental, que siempre estuvo presente en mí por una cuestión de haber vivido cerca de la naturaleza. En este sentido, haberme trasladado para fundar la oficina de Avina en la Patagonia me permite profundizar aún más esa interfaz entre lo social y ambiental, y querer idear un modelo de desarrollo sustentable posible. En la Patagonia hay una estrecha relación con la naturaleza.
DS: Has demostrado ser un activista multinivel. ¿Qué se siente haber pasado de coordinar políticas en pequeña escala a tratar con Champions ambientales, países, organizaciones internacionales, financistas, entre otros?
RF: Para mí todo ha sido parte de un proceso muy natural, vinculado a la inquietud y la búsqueda de cómo generar un cambio. Lo que me movilizó fue ver cómo hacer para transformar la sociedad. Para lograrlo, busqué desde trabajar con una localidad de 200 habitantes para ayudarlos a que pudieran elegir su intendente por primera vez, a trabajar en una organización de 30 pequeños productores. Es decir, cambios desde lo micro hasta cambios más amplios en regiones, pasando a escala nacional. Esto es parte de la riqueza y parte del valor agregado que yo pongo en ese espacio global, y tiene que ver con tener una perspectiva de lo local y lo nacional. De hecho, hasta el año pasado buscaba sostener una pata en lo local, una a nivel nacional y una a nivel global, y entender el beneficio de esa interrelación. Por ejemplo, con un socio montamos una empresa para generar proyectos de energías renovables, integrando a comunidades locales, y tenemos una sociedad con la comunidad mapuche de Millaqueo para poder montar un parque solar allí. Estar sentado en la asamblea de la comunidad y enfrentar esos desafíos me baja a tierra para cuando luego me toca estar sentado en una COP frente a 195 países; me permite entender las conflictividades de esos países y así avanzar juntos en un acuerdo. Para mí, una de las ventajas de la experiencia es poder vincular esos extremos y saber que las causas que hacen que una elección entre 5 intendentes en un pueblito de 200 personas tienen un conjunto de complejidades y elementos comunes a los de los 195 países para constituir un acuerdo global para abordar la crisis ambiental más importante en la historia de la humanidad.
Después de haber tenido una buena experiencia de incidencia en agendas nacionales, mi primera experiencia en una política nacional de alto impacto fue en Chile. Surgió en la Patagonia chilena por un conflicto ambiental que terminó escalando como el principal conflicto en materia energética de Chile a nivel país, con movilizaciones de millones de personas en las calles, ciudades tomadas; lo cual terminó después de un proceso muy largo de diálogo y colaboración en una estrategia energética 2050, presentada formalmente por la presidenta Bachelet después de 5-7 años de proceso intenso de diálogo en la plataforma Escenarios Energéticos de Chile, que luego replicamos y trajimos a Argentina. Esa fue la primera experiencia en que pude ver cómo, de una situación local, se puede incidir a nivel nacional, como es definir la política energética de un país para los próximos 30 años. Una experiencia fascinante.
En esa búsqueda, y vinculado a las agendas de energías, me empecé a inclinar hacia la agenda climática. En el periodo 2008-2010, me acerqué al espacio de las negociaciones y fui designado como asesor del presidente de la COP en 2014, Manuel Pulgar-Vidal, ministro de Ambiente de Perú. Generamos una capacitación a todo su equipo interno, y después se formó un grupo asesor internacional de actores diversos -públicos, del sector privado y sociedad civil- que servían como una caja de resonancia para el presidente de la COP, con quien se reunían periódicamente. En la COP20 de 2014 en Lima se creó el primer espacio formal de acción climática, donde por primera vez se sentaban en un mismo espacio ministros, líderes indígenas, CEOs, dirigentes del sector financiero, líderes de ciudades y de regiones, a conversar sobre cómo juntos podían traer soluciones y acelerar la respuesta a la crisis climática. Este primer espacio de diálogo y articulación entre gobiernos y actores no estatales me ha permitido seguir buscando formas de crear más cambios y transformaciones.
Ese evento terminó generando interés en el Secretario General de Naciones Unidas y en la presidencia entrante de Francia en 2015, y entonces armamos la alianza Lima-Paris Action Agenda, entre dos gobiernos, con el Secretario General de Naciones Unidas y Christiana Figueres Secretaria de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, para crear un espacio y una estrategia que involucrara a los líderes de las ciudades, empresas, del sector financiero y la sociedad civil que llegaran a la COP21 en París con compromisos de acción climática y soluciones. Este proceso generó un cambio estructural y fue clave para lograr el Acuerdo de París, el acuerdo multilateral más importante en la agenda de Naciones Unidas desde la Declaración de Derechos Humanos, que fue posible en base a una estrategia muy bien articulada en la cual más de 1000 alcaldes, 120 jefes de Estado, cientos de CEOs de empresas viajaron a París y todos juntos hicieron la presión positiva para decirle a ese grupo de negociadores: “señores, de acá sale un acuerdo porque el planeta entero lo requiere”. Estoy convencido de que, sin ese factor, nunca habríamos salido de París con un acuerdo.
DS: ¿Existe una relación entre avances en concientización y políticas ambientales concretas y los tipos de gobierno, teniendo en cuenta si son más o menos democráticos?
RF: Definitivamente se puede ver que los gobiernos con características democráticas en general tienden a tener mucha más conciencia y acción en la agenda ambiental, ya sea porque sus ciudadanos se lo piden o porque dentro de los procesos de toma de decisiones está institucionalizado. En cambio, los gobiernos con características totalitarias, en su gran mayoría, tienden a tener una agenda más cortoplacista, de búsqueda de intereses y resultados más inmediatos para consolidar poder, y eso en general afecta la incorporación de las variables ambientales dentro de sus prioridades. El gobierno de Trump fue mucho menos abierto y dispuesto ante la agenda climática que el de Biden, que acaba de sacar la ley antiinflación -la ley más ambiciosa en términos climáticos de la historia del Congreso de EEUU-. Lo mismo pasa en Brasil, donde la tendencia totalitarista está claramente marcada. Quizá la única excepción sea China, que, sin tener un gobierno democrático, tiene estructuralmente una agenda ambiental creciente y con un fuerte liderazgo en muchas áreas ambientales. Eso se lo adjudico a que culturalmente China, como país y como sociedad, tiene una tendencia a proyectar a largo plazo. China es el único país del mundo que tiene por lo menos 70 años de trayectoria en el armado de planes quinquenales y su efectiva implementación. Es esa visión de largo plazo lo que le permite a un gobierno no democrático como China poder entender las oportunidades que le ofrece en el largo plazo la incorporación de la agenda ambiental, en particular la climática.
Me parece interesante destacar que, cuando la distinción se hace entre partidos políticos de izquierda o de derecha, no existe necesariamente esa misma correlación. Hay partidos de izquierda que han sido muy dañinos para el ambiente, así como también hay partidos de derecha que han sido proactivos y fuertes con la agenda ambiental, como Boris Johnson en el Reino Unido o el mismo caso de Chile, que se sostuvo con Piñeda e incluso lideró la presidencia de una COP.
DS: ¿Quiénes son tus aliados claves a nivel internacional para lograr resultados concretos en materia ambiental?
RF: Todos, en alguna medida. Es parte del privilegio y el beneficio de estar hoy en este espacio de articulación y trabajo con los champions de acción climática, de identificar los intereses concretos de todos los actores. En algunos casos, los aliados son el sector financiero más duro, por lo que hay que promover su agenda y sus compromisos. Por ejemplo, en la actualidad hay más de 450 instituciones del sector financiero comprometidas en Race to Zero, que en su conjunto representan más de 130 trillones de dólares en activos bajo manejo. Cuando estos actores empiezan a hacer Net Zero, las cadenas de valor y sectores de la economía se alinean con ellos.
Me ha pasado de recibir llamados de empresas que me dicen: “me llamó el Fondo de Pensión de Docentes de Ontario, fijaron una meta para hacer Net Zero y quieren saber qué voy a hacer yo, empresa sudamericana, para alinear mis operaciones con su plan, porque si no van a dejar de ser accionistas de mi empresa, y yo los necesito”. Contar con recursos humanos calificados en materia de cambio climático, o por ejemplo, que BlackRock se compromete a hacer Net Zero, y comenzar a medir el impacto climático de todo su portfolio, lleva a que uno de los bancos más conservadores de América Latina comience a integrar una agenda climática, son evidencias de que estamos ante un momento de cambio estructural.
A veces los aliados son los alcaldes de las ciudades, que plantean una agenda ambiciosa y un plan de acción, y reclaman que se alineen los actores con sentido. A veces son los jóvenes en las calles, poniendo presión y diciéndoles a los Race to Zero: “señores, acá no hay espacio para el greenwashing, y ustedes tienen que estar alineados”. Puede ser el mismo Secretario General de Naciones Unidas quien plantea una crisis de credibilidad y decide crear un grupo de expertos que defina cuáles son los estándares para hacer Net Zero. Es un aliado porque me ayuda a que la campaña Race to Zero, como una campaña global, robusta, con criterios basados en la ciencia, sea el estándar de la mejor práctica para hacer Net Zero para actores estatales.
DS: ¿Qué rol tiene Manuel Pulgar Vidal en esta agenda?
RF: Manuel Pulgar-Vidal, que fue presidente de la COP y es conocido como el “padre de la agenda del cambio climático”, es ambientalista de origen. Viene de una ONG de derecho ambiental y, previo a meterse en la agenda climática, su principal inquietud estaba más vinculada a la biodiversidad, a trabajar en la Amazonia peruana. Por eso, se empezó a involucrar mucho en la Convención de Biodiversidad y a promover la agenda de acción de biodiversidad, a tal punto que hace dos meses fue nombrado champion de acción de biodiversidad en la COP.
DS: ¿Cómo articulas tu trabajo con la ONU teniendo en cuenta que no se llegan a cumplir los objetivos planteados?
RF: Mi rol busca promover el cumplimiento de los actores no estatales con el Acuerdo de París, un cargo asignado por una COP, pero que da todo el margen y la flexibilidad para promover la ambición y la acción. Es cierto que el paraguas de Naciones Unidas, de la Convención, del Acuerdo de París, es un gran convocante, y sirve para atraer el interés de empresas, ciudades, inversores. Buscan la legitimidad que les da estar dentro del cambio de la estructura bajo el sistema de Naciones Unidas. Al mismo tiempo, el proceso de Naciones Unidas es de negociación, lento, muy burocrático y requiere de presión. Ahora que estamos en la fase de implementación de los objetivos del Acuerdo de París, de ninguna manera ésta puede ser hecha por los gobiernos nacionales por sí mismos. Tienen un rol clave en definir políticas y regulaciones, pero la única manera en que van a poder reducir las emisiones y aumentar la resiliencia en acciones concretas en el terreno es si tienen el involucramiento y la acción directa de las empresas, de las ciudades, de las provincias y regiones, de los pueblos indígenas, de los ciudadanos a pie. Y es en ese rol donde los champions entran a dar fuerza y traccionar la agenda de acción climática.
DS: ¿Cuáles son los datos actuales más desalentadores de la crisis climática, que explican la urgencia en la toma de decisiones?
RF: En términos de números específicos, algo que está pasando en la agenda de mitigación es que la métrica vinculada a las emisiones de CO2 se vuelve como línea de base mandatoria para poder operar legítimamente. Un ejemplo para tener en cuenta hoy en día es la Security Exchange Commission de EE.UU., que les exige a todas las empresas que reporten en bolsa de EE.UU. una presentación desglosada de su información climática. Esto quiere decir que tienen que presentar su huella de carbono anual, todas las metas y planes que tengan estructurados, y cuál es su riesgo de vulnerabilidad (riesgo entendido en dos niveles: el riesgo financiero y el riesgo frente a la materialidad de los impactos climáticos). Entonces, entendemos la relevancia de lo que implica que todas aquellas empresas que exportan en bolsa en Wall Street y en todos los mercados norteamericanos empiecen a tener que hacer compliances y desglosar su información para presentarla ante el gobierno de EE.UU.
En 2023 entiendo que sale definitivamente. De hecho, lo que dice la redacción del borrador hoy es que en 2023 tienen que reportar las emisiones de alcance 1 y 2, y en 2024 tienen que reportar las emisiones de alcance 1, 2 y 3. Esto es una complejidad y un cambio copernicano para la agenda climática, para que las empresas empiecen a realmente integrar este tema. Está demostrado, además, que una vez que las empresas y las entidades empiezan a medir y a reportar, automáticamente empiezan a reducir. La reglamentación hoy de la Security Exchange Commission dice que, si una empresa tiene un compromiso, una meta climática, la tiene que reportar y debe demostrar cuál es el plan de acción y cuál es el presupuesto para cumplir esa meta. Esto hace que los compromisos voluntarios de golpe se vuelvan estructuras donde formalmente las empresas tienen que reportar ante el gobierno de EE.UU. sobre cómo van a avanzar en esa metas. A mí me apasiona el momento de la historia en que estamos, cuando uno empieza a ver cómo se estructura, materializa y naturaliza la gestión y la respuesta a la crisis climática. Ya estamos midiendo 28 sectores específicos de la economía, y viendo cómo avanza la agenda de compromisos de acción climática, cómo avanzan los planes para hacer Net Zero, y cómo esos compromisos se traducen en implementaciones y acciones.
DS: ¿Qué pasó con la guerra de Ucrania? Había un lobby por las energías renovables, pero con la guerra esto se ha ralentizado.
RF: Dos cosas pasaron con la guerra de Ucrania. En primer lugar, definitivamente es muy triste y doloroso ver la guerra en sí, el impacto que genera, las implicancias que tiene y los riesgos que presenta en la agenda climática. Por un lado, por la escasez de suministro de recursos y de hidrocarburos, los precios dispararon y empezaron a expandirse reservas que antes no eran rentables, como Vaca Muerta. Pero son respuestas de corto plazo.
Lo que pasó al mismo tiempo es que los países hoy ya no tienen ninguna duda de que tienen que salir de su dependencia de los combustibles fósiles, por lo que empiezan a diseñar planes y estrategias en esa dirección. Ya venía la tendencia y ya había empezado un cambio muy fuerte en la agenda de electromovilidad, y con toda la transición y el crecimiento que se da en la electromovilidad, la aceleración de ese proceso por la guerra de Ucrania va a ser exponencial. Es lo mismo que pasó en la crisis de 1973, cuando se dispararon los precios por las restricciones de reservas por parte de la OPEP. ¿Cuál fue la respuesta? A corto plazo, aumentaron los precios. En el mediano plazo, aumentó la eficiencia energética en todos los países europeos. Esto mismo vuelve a pasar. Es por eso que, por la ley antiinflacionaria, el gobierno de EE.UU. tiene más de ¾ de su paquete de subsidios orientados a acelerar la agenda de energías renovables, la electromovilidad y la eficiencia energética. Esa ley es una ley climática. Y en el contexto de la crisis de Ucrania, entonces, hay que entender los datos: en el corto plazo sí vamos a sufrir un aumento de precios y la agenda de hidrocarburos, en el mediano plazo sólo acelerará la transición hacia un futuro sin combustibles fósiles.
DS: ¿Qué modificaciones son fundamentales para evitar la crisis climática?
RF: La crisis climática es hartamente compleja y multicausal. Es compleja porque sabemos que tenemos que centrarnos en la energía que producimos, transformar estructuralmente los servicios energéticos hacia tecnologías renovables, e innovar y transformar estructuralmente la forma en la cual producimos, distribuimos y consumimos nuestros alimentos. Es imperdonable que la producción de alimentos sea una fuente de emisiones cuando puede ser un factor de secuestro de emisiones de CO2. Esas son transformaciones tecnológicas que ya las tenemos, que requieren simplemente cambios de hábito, porque tenemos todas las capacidades para hacerlo. Tenemos que cambiar estructuralmente también la forma en la cual nos transportamos. De hecho, los motores de combustión tienen fecha de extinción, y es mucho antes de lo que imaginamos. Por último, necesitamos mirar y transformar todo lo que tiene que ver con la producción de materiales, desde acero, madera, construcción. Es estructural, pero necesitamos que eso sea con 0 emisiones.
DS: ¿Cuál va a ser la discusión central en la COP27?
RF: La COP27 es la que yo llamo “COP de transición”, después del auge de Glasgow y del gran momentum. Es una COP donde se tiene que avanzar en la implementación del art. 6. y de una comisión vinculada a las metas globales de adaptación. Hay demandas de financiamiento que no están sobre la mesa y las necesitamos. Creo que la COP27 es una COP que va a estar fuertemente centrada en todas las necesidades de adaptación y resiliencia. La vulnerabilidad de los países africanos es una prioridad, y no podemos seguir dándole la espalda a eso porque mientras menos atención le ponemos a la agenda de adaptación y resiliencia, más crece la agenda de pérdidas y daños, y más crece el litigio. Es exponencial lo que han crecido los litigios por causas climáticas en los últimos dos años, y seguirán creciendo.
Todos estos componentes van a ser centrales en Sharm El Sheikh. Egipto es una economía emergente, una economía media que tiene muchas características similares a Argentina: tiene inflación, es el segundo país más endeudado con el FMI, tiene problemas estructurales macroeconómicos. Para ellos, la única manera de salir de esa crisis climática ambiental es que aquellos países que están en situaciones de economía en desarrollo posean como motivo estructural el canje de la deuda por compromisos climáticos. Tenemos que tener una visión más holística y sistémica de que salir de la crisis climática es una respuesta a las necesidades de desarrollo y crecimiento de los países, y no un costo y una resignación del desarrollo. Egipto no está dispuesto a resignar posibilidades de desarrollo para su población a costa de una crisis climática. Al revés, tiene que encontrar la forma en que eso pueda convivir. Lo bueno es que hoy en sí eso convive. Sabemos que la mejor estrategia de desarrollo posible es estar alineado, ser compatible con un ciclo de cero emisiones y resiliente al clima. Entonces, ese know-how se empieza a instalar para Egipto.
DS: En este contexto de transición energética, ¿Hay fecha de caducidad para el motor de explosión?
RF: Esto es muy interesante porque hay metas emergiendo de distintos actores. En ciudades como París, Londres, Berlín, y también en ciudades americanas y chinas, hay fecha límite para liberar el motor de combustión. También hay empresas productoras de vehículos de combustión, como Lamborghini, que van a dejar de producir motores de combustión en 2024. General Motors va a hacerlo en 2029. Todo esto es lo que llamamos el “ciclo de ambición”, lo que genera un círculo virtuoso. En el sector financiero se generan metas al mismo tiempo para potenciar esta transición. Entonces, lo más probable es que en el 2030 veamos que ya no hay incentivos para la gran mayoría de los sectores de seguir produciendo motores de combustión.
DS: ¿Ves al biodiesel como algo válido para una transición?
RF: Sí, absolutamente. De hecho, dentro del sector de aviación el indicador es cuánto se incorpora de sustainable aviation fuels. Para el corto plazo, definitivamente hay un crecimiento del biodiesel de segunda y tercera generación. La industria de aviación tiene metas estructurales ya fijadas y definidas dentro de la agenda del caso, que incluyen sustainable aviation fuels y que van a empezar a demandarlo. Esos aviones que vienen de Europa con una meta necesitan volver a Europa con el mismo volumen de combustible, y América tiene expertise, know-how, antecedentes. Esto también es transición. Busquemos la transición y que los alimentos que producimos, al mismo tiempo que generamos biofuels, están secuestrando carbono y no liberando metano.