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Obstáculos al desarrollo de los biocombustibles en Argentina

Lucía Salvalaggio

Área de Comercio Internacional de la FNGA



En la actualidad, más del 75% de las plantas de biodiésel instaladas en el país están en total desuso

Por su potencial en materia ambiental y económica, décadas atrás la industria de los biocombustibles desempeñó un papel central en la estrategia de desarrollo sostenible de Argentina. 

No obstante, en la actualidad el país continúa tomando distancia de dicho camino, utilizando cada vez más el gasoil o diésel, combustible fósil que deriva del petróleo crudo y que debe ser importado ante la situación de escasez. 


Retroceso en materia legal

Una manera de impulsar el avance de los biocombustibles es a través de la fijación de los llamados “cortes”, definidos como la proporción de biocombustible mezclado con combustible fósil para su consumo final. De este modo, un corte del 5% de biodiésel con gasoil indicaría que la mezcla final estaría integrada por un 5% de biodiésel y un 95% de diésel convencional.


En Brasil, el corte de biodiésel con gasoil está fijado por ley en un 14%, previendo incrementar dicha cifra a 15% para 2025. Otros países incluso han tomado un camino más osado y llevaron el corte a 20% y a 30%, como es el caso de Malasia en 2019 y de Indonesia en 2020, respectivamente.


Considerando este escenario, Argentina pareciera ir en contra del mundo. En julio de 2021 el Congreso nacional sancionó la Ley de biocombustibles 27.640, por medio de la cual se redujo el corte a la mitad en comparación al marco regulatorio vigente desde el 2016, pasando de un corte de 10% a uno de 5%. Asimismo, la nueva legislación atribuía a la Secretaría de Energía (SEN) la potestad de continuar rebajando dicho porcentaje hasta un 3%, de considerarlo necesario.


En consecuencia, lejos de fomentar el desarrollo del interior y tomar en cuenta los reclamos del sector, la Ley 27.640 supuso un retroceso en materia regulatoria.


Incumplimiento de YPF S.A.

Pese a tratarse de una obligación legal, los especialistas en energía afirman que en diversas ocasiones las petroleras que operan en Argentina incumplieron los cortes mínimos establecidos. Particularmente destaca el caso de YPF S.A., que no solo ha quebrantado con mayor énfasis la ley en comparación a sus pares, sino que también su comportamiento resulta más errático, considerando que el 51% de la empresa está en manos del propio Estado.

Claudio Molina, especialista en bioenergías y socio fundador de la Asociación Argentina de Biocombustibles e Hidrógeno (AABH), afirma que ese año la petrolera estatal aplicó en promedio solo un 3,52% de corte. Esto es, menos de la mitad del corte promedio previsto para dicho ciclo.


Molina asevera también que la diferencia entre la mezcla prevista por la norma de aquella efectivamente aplicada por la compañía rondaba un 30% en 2022 y un 40% en los primeros 10 meses del 2023. Incluso hubo meses de 0% de corte, importando más gasoil del necesario en un contexto de alto desequilibrio energético. 


El especialista afirma que, como justificación a su incumplimiento, YPF S.A. aduce que la oferta de biodiésel por parte de las empresas autorizadas no es suficiente para cumplir con los cortes exigidos por ley. No obstante, siempre que se registró un faltante de biodiésel en el mercado interno, el mismo fue menor a las cantidades incumplidas por la petrolera estatal. Incluso en 2022, cuando la oferta era fluida, YPF S.A. estuvo lejos de alcanzar los porcentajes fijados, que en algunos casos llegaron a ser del 12,5%.


El fundador de la AABH explica que YPF S.A. también viola los plazos de pago de biodiésel fijados por la SEN en 30 días, vencimiento que, además, empieza a regir desde la entrega del producto y no desde el momento en el que la firma decide formalizar tal operación, dilatando de forma artificial las fechas de caducidad de sus obligaciones.


Complicidad de la SEN: ¿El que las hace las paga?

Adicionalmente, en violación a lo dispuesto por los artículos 18 y 19 de la Ley 27.640, la SEN no multó hasta la fecha a YPF S.A. por incumplir los cortes antedichos, siendo que debería controlar a esta empresa con la misma vara que al resto de las refinerías de petróleo. 


“Nos hallamos frente a una situación clásica de captura del regulador, esto es, cuando una agencia regulatoria, creada para defender el interés general, actúa en favor de ciertos intereses políticos o grupos de interés del sector sobre el cual está encargada de regular”, declara Molina.


Asimismo, la ley obliga al Poder Ejecutivo a ajustar trimestralmente las alícuotas de los impuestos a las emisiones de dióxido de carbono acorde a la inflación, gravamen que tiene por objeto desincentivar las prácticas contaminantes, obligando a sus responsables a costear su propia huella de carbono. No obstante, hace dos años que los impuestos al gasoil se encuentran congelados, generando costos mayores a 4.000 millones de dólares para los argentinos.


Un escenario adverso

Décadas atrás, con el mercado internacional de biocombustibles en alza y las obvias ventajas competitivas que posee el país en su producción, las exportaciones de biodiésel crecieron estrambóticamente. 

En este marco favorable, al sancionarse la primera ley de biocombustibles en 2006, se dispuso que las grandes empresas se avocaran al mercado externo y las pequeñas y medianas empresas al mercado interno, instaurando un sistema de cupos máximos al cual solo las PYMES y las empresas grandes no integradas podían acceder.


Años más tarde, recelosos de la alta competitividad de la producción nacional que saturaba sus mercados, Estados Unidos y la Unión Europea —principales importadores del diésel argentino— comenzaron a implementar medidas proteccionistas contra los biocombustibles de producción local. 


Paralelamente, los precios de biocombustible que fijaba la SEN para el mercado interno hacían que la actividad no sea rentable para las empresas pequeñas habilitadas para ese fin y que, por tanto, la oferta interna de biodiésel comenzará a escasear. 


Concentradas en la provincia de Santa Fe, Argentina posee plantas instaladas con capacidad de producir hasta 3,9 millones de toneladas de biodiésel. No obstante, este potencial se ve drásticamente entorpecido por la flexibilización legal, las trabas administrativas, los reiterados incumplimientos de YPF S.A. y la falta de aplicación de las multas pertinentes.


A pesar de los múltiples beneficios de la industria, por todos estos motivos se vislumbra un panorama lleno de incógnitas y desafíos que podrían impactar significativamente en la viabilidad y desarrollo del sector.

*Este texto fue producido con el apoyo de Climate Tracker América Latina.


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