La sombra del dragón: cómo la pesca ilegal china amenaza a la soberanía argentina
Impactantes imágenes satelitales del Mar Argentino revelan una “ciudad flotante” originada por los más de 500 buques pesqueros extranjeros que se extienden de forma ilegal a lo largo de la plataforma continental patagónica.
A pesar de los cuantiosos reclamos presentados ante los organismos internacionales competentes y de los insuficientes esfuerzos emprendidos por la Armada en un intento por mitigar la situación, cientos de barcos extranjeros continúan practicando una pesca ilegal feroz en aguas argentinas.
Al desafiar a las leyes y a las autoridades argentinas, estos navíos constituyen una seria amenaza a la soberanía nacional y a la sostenibilidad de los recursos marinos de las localidades costeras.
Según datos oficiales proporcionados por la Armada, alrededor de unas 500 embarcaciones ingresan anualmente a la Zona Económica Exclusiva (ZEE) para pescar ilegalmente. Si bien el origen de estos navíos es variado, la gran mayoría porta banderas chinas, aunque también cabe destacar la participación de España, Portugal, Corea del Sur y Japón.
En este orden de ideas, Daniel Coluccio, jefe del Observatorio Marítimo Naval de Argentina, comentó que de las emisiones que detecta la radio se pueden identificar una pluralidad de idiomas, entre los que menciona el portugués, el ruso y, fundamentalmente, el chino. “Realmente uno no sabría si estás a 300 kilómetros de Argentina o a 300 kilómetros de China”, señaló el especialista.
Modus operandis
Al ingresar en la ZEE, estos barcos apagan sus transmisores de posición, volviéndose invisibles para los sistemas de monitoreo marítimo y sólo pudiendo ser identificados por vía satelital. Por sí sola, esta acción constituye un delito penal . Particularmente, entre enero de 2018 y abril de 2021, embarcaciones de origen chino desaparecieron de los sistemas de rastreo alrededor de 4.000 veces y durante más de 600 mil horas, según un informe publicado por la organización sin fines de lucro Oceana.
Posteriormente, los infractores pescan a gran escala calamar, atún, pulpo, tiburón, mantarraya y almejas, desobedeciendo la veda marítima, es decir, la temporada del año durante la cual queda terminantemente prohibido pescar a fin de permitir la reproducción de las especies marinas.
Cada buque tiene una capacidad de almacenamiento de hasta 600 toneladas. Además, cuentan con barcos de apoyo que transfieren sus cargas y les reponen combustible, pudiendo permanecer en el mar por largos períodos.
Impacto en el ambiente
La pesca ilegal china acarrea un costo ambiental incalculable. El Mar Argentino da hogar a miles de especies marinas, muchas de las cuales se presumen endémicas de la región. Por consiguiente, la pesca sistemática no controlada puede generar un daño irreparable en la biodiversidad al acelerar la extinción de ciertas especies animales y vegetales.
Particularmente, cabe mencionar el caso del calamar dientuso, un símbolo de la riqueza marina argentina, cuya conservación pende de un hilo. Estos invertebrados son muy codiciados por los comerciantes chinos y su captura en aguas argentinas representa la mitad del total de calamares dientusos apresados en el mundo.
Asimismo, al utilizar métodos de pesca agresivos, los barcos “piratas” generan daños indirectos en los ecosistemas marítimos. Una de estas técnicas implica el uso de las llamadas redes de arrastre de fondo, las cuales capturan todo lo que encuentran a su paso, incluyendo especies no deseadas y crías de peces, y destruyen los fondos marinos.
Por si esto no fuera poco, las naves pesqueras ilegales también contaminan al desechar basura, combustible y aceite, entre otros residuos.
Impacto en la economía nacional
La actividad pesquera china no resulta nada barata para la apaleada economía argentina. Ésta reduce la cantidad de peces disponibles para los pescadores argentinos, lo que provoca que la producción y la oferta local de pescado se vean limitadas. A su vez, ello deriva en una merma en la calidad y en la cantidad de los alimentos marinos y en el subsecuente aumento de los precios para los consumidores. Análogamente, la caída de la producción local influye desfavorablemente en la generación de empleo y en los ingresos de las comunidades costeras que dependen de la pesca.
En este orden de ideas, un informe de la Coalición para la Transparencia Financiera estima que la depredación del mar argentino en manos chinas genera pérdidas anuales de hasta USD 2.600 millones para el país.
Complicidad del gobierno chino
La debacle diplomática entre Argentina y China en torno a esta problemática lleva años sin lograr resolverse, dada la negativa de las autoridades chinas a implementar sanciones efectivas.
Existe un correlato irreconciliable entre lo que China dice y lo que China hace. En este sentido, si bien el gigante asiático prometió ratificar el Acuerdo de 2016 sobre Medidas de Estados Rectores de Puertos —diseñadas para combatir la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada—, aún no cumple con su palabra. Asimismo, pese a que las autoridades chinas establecieron topes de subsidios al combustible para la pesca doméstica, siguen sosteniendo artificialmente sus barcos de pesca en aguas distantes con aportes que se estiman en USD 400 millones al año en combustible.
En esta misma línea, a comienzos de 2021 distintos Estados latinoamericanos respaldaron la propuesta de Chile de solicitar a la República Popular China que compartiera sus datos de Sistema de Monitoreo de Barcos (VMS), lo que les permitiría identificar claramente a los privados que incurren en prácticas ilegales en aguas territoriales ajenas. No obstante, la negativa china fue tajante.
Respuestas de las autoridades argentinas ante esta problemática
La falta de regulaciones efectivas y la limitada capacidad de la policía pesquera argentina dejaron al país vulnerable ante el abuso de sus recursos marinos, otorgando a las flotas extranjeras un margen de maniobra casi ilimitado, lo que representa una amenaza para la sostenibilidad de las especies que habitan allí.
Por otro lado, resulta insuficiente el presupuesto que destina el gobierno nacional para la defensa de los territorios bajo su jurisdicción, imposibilitando que la Armada y Prefectura puedan llevar adelante un patrullaje adecuado.
