La democratización de la energía y el accionar de los gobiernos locales
La energía es un problema central en la agenda política mundial, que se ve agravado por la incertidumbre desatada a partir de la guerra entre Rusia y Ucrania. El abastecimiento seguro y el costo de la energía es una preocupación transversal a todos los gobiernos, a lo que se suma la urgente necesidad de una transición hacia la producción y el consumo de energías renovables, ante una crisis climática con funestas consecuencias. Los últimos informes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) señalan al combustible fósil como la principal fuente de emisiones de dióxido de carbono (CO2).
Frente a este panorama, muchos gobiernos locales se vuelven protagonistas y despliegan iniciativas para el autoabastecimiento de energías renovables.
Importancia de la participación ciudadana en las políticas públicas energéticas
Para lograr una transición energética con verdadero impacto se necesita transformar no sólo las fuentes de producción de la energía, sino también los hábitos de consumo. Es fundamental, entonces, involucrar a la ciudadanía en las políticas públicas de transición energética.
Además, la participación pública refuerza el sentimiento de control de los ciudadanos sobre los planes, programas y proyectos, y permite una mejor adaptabilidad de éstos a las necesidades y valores de la comunidad.
Greenpeace España reveló en un estudio del 2017 que la ciudadanía se sentía borrada de las decisiones sobre energía, alertando que se necesitaba una democratización del modelo energético. La solución sería un sistema colaborativo donde las personas no se viesen reducidas al rol de meros clientes o usuarios, sino que pudiesen producir, consumir, almacenar e intercambiar su propia energía, así como también participar en la toma de decisiones.
Un marco jurídico favorable
Distintas herramientas del derecho internacional han buscado promover, regular y garantizar la participación ciudadana en materia medioambiental. Países de Europa y Asia Central se encuentran hoy adscriptos al Convenio de Aarhus, que entró en vigor en 2001. Lo mismo ocurre en América Latina con el Acuerdo de Escazú, en vigencia desde el 2022 (aún pendiente de firma o ratificación por algunos países). Ambos protegen los derechos de acceso a la información, a la participación pública y a la justicia en asuntos ambientales.
La participación del público debe cumplir con ciertas garantías. Ésta debe darse al inicio del proceso de una política pública, plan, programa o ley que tenga impactos sobre el medio ambiente, donde todas las opciones están aún disponibles, para garantizar que la participación de la ciudadanía sea real y efectiva.
Además, el acceso a la información es también una condición para que la participación sea realmente incidente, ya que permite que los ciudadanos actúen en igualdad de condiciones e informados en los procesos de toma de decisiones. Asimismo, los resultados del proceso participativo deben ser tenidos en cuenta por las administraciones públicas al momento de adoptar una decisión definitiva.
No obstante estos importantes avances, la participación ciudadana requiere aún de mayores incentivos y garantías. Por ejemplo, lo señalado en ambos Acuerdos sitúa la participación del público en etapas iniciales. Un modelo participativo no necesariamente se reduce a esta etapa, pudiendo ampliarse a todo el ciclo de desarrollo de las políticas, planes y programas; desde su diseño, hasta la implementación y evaluación.
Los gobiernos locales: buenas prácticas para la democratización energética
Ante la necesidad de conseguir un suministro energético seguro y renovable, dentro de la Unión Europea son cada vez más los gobiernos locales que adoptan medidas para autoabastecerse e involucrar a la ciudadanía para transformar la producción y el consumo de energía.
Una iniciativa ejemplar en este sentido es el proyecto Vilawatt, creado por el Ayuntamiento de Viladecans, en Cataluña (España), que propuso una transición energética a través de cuatro iniciativas: la creación de una compañía eléctrica local de energía renovable; el asesoramiento energético a ciudadanos y comercios locales para alcanzar un consumo eficiente; la creación de una moneda digital que permitiese capitalizar los ahorros energéticos de los ciudadanos; y la rehabilitación energética de edificios de viviendas.