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El presidente ecuatoriano Guillermo Lasso se enfrenta a juicio político

Por Lucía Salvalaggio


El pasado 29 de marzo, la Corte Constitucional de Ecuador estimó, con 6 votos de 9, el pedido de juicio político contra el presidente Guillermo Lasso. El mismo fue impulsado por buena parte de la oposición parlamentaria (especialmente, por el partido Unión por la Esperanza, ligado al ex presidente Rafael Correa), con miras a lograr el cese de las funciones presidenciales de Lasso tras la publicación en un reconocido medio de una investigación periodística en torno a una supuesta red de corrupción en empresas públicas y narcotráfico que lo vincula tanto a él como a su cuñado, empresarios y ex funcionarios públicos, y el subsiguiente abordaje de la cuestión por una comisión parlamentaria.


104 de los 137 parlamentarios votaron a favor del pedido de juicio político. No se trata de la primera vez que la oposición parlamentaria hace uso de dicha facultad desde que Lasso asumiera su cargo en 2021; el fin de destituirlo fue perseguido también en junio de 2022, en el marco de protestas ocasionadas por las condiciones económicas del país.


La Corte Constitucional finalmente decidió “admitir la acusación de juicio político relacionada con el presunto delito de peculado” (esto es, malversación de fondos públicos), alegando que en todo momento se respetaron los “principios de legitimidad política y del debido proceso”.


“En el dictamen se determinó que corresponde a la Corte efectuar tanto un análisis del procedimiento como del contenido de la solicitud, para garantizar el equilibrio de poderes entre la función ejecutiva y legislativa, y asegurar que la institución del juicio político al presidente de la República no sea utilizada de forma arbitraria ni irrazonable, informó la Corte.


Desde el gobierno inicialmente se alegó que el planteo de la Asamblea Nacional (órgano legislativo y a cargo de llevar a cabo el procedimiento del juicio político) “nunca tuvo ni tendrá sustento jurídico ni político alguno”. “Se pretende censurar a un presidente de la República sin que estos hechos hayan pasado por la justicia ordinaria y exista una sentencia firme, donde un juez haya dicho ‘aquí hay peculado”, alegó


Sin embargo, el presidente terminó afirmando que se someterá al juicio político y que no aplicaría la denominada “muerte cruzada”, esto es, la facultad atribuida por la Constitución ecuatoriana al Poder Ejecutivo Nacional para disolver la Asamblea con el objeto de llamar a elecciones generales anticipadas, en tanto se considera un “demócrata” cuya obligación es “poner la cara frente al pueblo”. “No quisiera que en las páginas de la historia se escriba que dicté una ‘muerte cruzada’ para evitar un juicio político”, expresó.


Lasso también realizó una distinción entre los asambleístas “indecentes”, principales impulsores del pedido de juicio político y conniventes, a su decir, con las “mafias narco” y los “triunviros de la conspiración” (en referencia a Correa, al exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, y al dirigente de la organización indígena Conaie, Leonidas Iza); y los asambleístas “a los que se les ha engañado con información falsa u omisión de información”, a los que instó a “reflexionar y recapacitar en bien del Ecuador y de la estabilidad del país”.


Aún no se estipuló una fecha para la realización del procedimiento de juicio político. Serán necesarios 92 votos (¾) para conseguir la destitución del presidente. Mientras tanto, otros acontecimientos siguen enturbiando el panorama y alimentando la crisis social y política en Ecuador. El pasado 30, Lasso declaró en estado de excepción a zonas hostigadas por el narcotráfico. Dos días más tarde, el empresario Rubén Cherres -uno de los implicados en la denuncia- fue torturado y asesinado, y el gobierno habilitó la libre tenencia de armas, justificada por la situación de violencia ligada al narcotráfico que cunde en el país.





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