Brasil: el día después de las elecciones
El 1 de enero, Luiz Inácio Lula da Silva (Partido de los Trabajadores) asumió la presidencia de la República Federativa de Brasil tras haber triunfado en las elecciones generales que tuvieron lugar en octubre del año pasado. 7 días más tarde, alrededor de 4000 simpatizantes del saliente mandatario Jair Bolsonaro (Partido Liberal), quien quedó en segundo lugar en los comicios, se congregaron frente al Cuartel General del Ejército, desde donde se dirigieron hacia la Plaza de los Tres Poderes para terminar irrumpiendo en el Salón Verde de la Cámara de Diputados y el Palacio de Planaito –sede del Poder Ejecutivo y del Supremo Tribunal Federal- y realizando actos de vandalismo y pillaje. Dicho accionar por parte de la multitud ha sido caracterizado mayoritariamente en términos de un intento de golpe de Estado.
La irrupción y los ataques, premeditados y planificados deliberadamente con anterioridad a través de las redes sociales, tuvieron como uno de sus móviles principales el desconocimiento de los resultados electorales; situación que recuerda al asalto al Capitolio de los Estados Unidos el 6 de enero de 2021, perpetrado por partidarios de Donald Trump que pretendían evitar la certificación del triunfo electoral de Joe Biden. Otro dato no menor es que los asaltantes bolsonaristas acompañaron sus actos con pedidos de intervención de los militares en la vida político-institucional del país, es decir, pedidos por la consumación de un golpe de Estado y la eventual instauración de una dictadura militar.
Como consecuencias inmediatas, 1500 civiles fueron detenidos y se decretó la intervención de Brasilia hasta el 21 de enero. Cabe analizar, asimismo, las importantes consecuencias políticas del escenario del 8 de enero.
Las sensaciones manifiestas fueron de repudio generalizado, desde todos los sectores de la vida política del país, inclusive aquellos cercanos a Bolsonaro, lo cual demuestra la posibilidad de converger y forjar consensos entre partidarios de diferentes ideologías con la causa común de la defensa de la democracia.
Tras los ataques, el presidente expresó que se proseguiría a investigar y condenar a todos los involucrados. Declaró que “la democracia garantiza el derecho a la libre expresión, pero también exige que las personas respeten las instituciones”, y denunció la “convivencia de los soldados y la policía” con los golpistas.
Se prosiguió con destituciones, e incluso detenciones, de funcionarios asociados con la planificación del asalto o con su connivencia, tales como el Secretario de Seguridad de Brasilia (y ex Ministro de Justicia durante el gobierno de Bolsonaro) Anderson Torres, en cuyo domicilio se halló un documento que hacía referencia al intento de golpe, o el comandante de la Policía Militar del Distrito Federal, Fabio Vieira, quien estaba a cargo de la seguridad de los espacios institucionales atacados. Otros espacios también sufrieron depuraciones: el día 16, fueron retirados 40 soldados encargados de proteger la residencia presidencial, en consonancia con la desconfianza generada en el gobierno ante las Fuerzas Armadas, fuertemente simpatizantes con Bolsonaro. Por último, las cúpulas de todos los medios de comunicación públicos del país fueron reemplazadas debido al abordaje realizado durante los hechos y a las referencias a los golpistas como meros “manifestantes”.
Otra consecuencia de tamaña importancia es la cada vez más decreciente popularidad del ex presidente Bolsonaro, en tanto se le adjudica responsabilidad sobre los atentados. Lula no vaciló en señalar inmediatamente dicha responsabilidad y tildarlo de “genocida”, dándose así por iniciado un enfrentamiento discursivo entre ambas figuras. Y es que Bolsonaro –quien se hallaba en Estados Unidos durante el trascurso de los hechos- ha realizado durante los últimos meses constantes apelaciones a la falta de veracidad en los resultados electorales (de lo que se deriva, en consecuencia, un cuestionamiento a la legitimidad del gobierno democráticamente electo), así como también se negó a realizar el acto protocolar de traspaso de mando.
Bolsonaro salió a condenar el accionar de sus seguidores, a la vez que repudió las “acusaciones sin pruebas” que les fueron atribuidas por el actual presidente. Señaló haber seguido durante su mandato las “cuatro líneas de la Constitución, respetando y defendiendo las leyes, la democracia, la transparencia y nuestra sagrada libertad”. Aprovechó también para recordar las “demostraciones realizadas por la izquierda en 2013 y en 2017” –manifestaciones impulsadas contra, paradójicamente, gobiernos de centroizquierda-, a las que equiparó con los recientes atentados a las instituciones democráticas.
Lo cierto es que el aislamiento de Bolsonaro se ha profundizado con el actual escenario, habiendo comenzado sectores afines a él a alejarse. El martes 17, el Tribunal Superior Electoral le dio un plazo de tres días para referirse al “documento golpista” encontrado en la residencia de Anderson Torres. Mientras tanto, crecen los pedidos de extradición. La situación del ex presidente en relación a los hechos del 8 de enero es cada vez más compleja, y la tesis de que cumplió un rol de incitador es cada vez más compartida. Mientras tanto, crecen la popularidad y el reforzamiento del poder de Lula da Silva, dato no menor teniendo en cuenta que el partido gobernante no goza de mayoría en ninguna de las dos Cámaras.
Acontecimientos de este tenor sin duda alguna configuran un repudiable atentado contra el régimen democrático, el orden constitucional y la vida institucional consagrados en el primer artículo de la carta magna de Brasil, país que cuenta con un historial de golpes de Estado e intervenciones militares, característica que además comparte con los demás países de la región, todo lo cual nos lleva a reiterar nuestra firme reivindicación de la vocación democrática y los valores y formas a ella asociados, así como de la importancia de defender dicho sistema.
