El impacto climático se acelera frente a la falta de inversiones y planificación
Por Ignacio Polenta
El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) lanzó a comienzos de este mes un nuevo informe llamado Brecha de Adaptación 2023: Financiación y preparación deficientes, en donde se indica que, a pesar de que existen señales claras de que los riesgos climáticos y sus efectos se están acelerando en todo el mundo, el déficit de financiación para la adaptación en los países en desarrollo no deja de aumentar y actualmente se sitúa entre 194.000 y 366.000 millones de dólares anuales.
Este déficit surge de la diferencia entre el cálculo de necesidades y costos de financiación para la adaptación (entre 215.000 y 387.000 millones de dólares) y los flujos de financiación actuales (21.000 millones de dólares) y, si bien la duplicación de la financiación para la adaptación de la actualidad a 2025 y el nuevo objetivo colectivo cuantificado para 2030 que se está debatiendo contribuirán a subsanar este déficit, es poco probable que el aumento de la financiación pública internacional colme la brecha por sí solo. Por ejemplo, alcanzar el objetivo de duplicar esta financiación para la adaptación apenas reduciría el déficit entre un 5% y un 10%. Por esta razón, el incremento de la financiación pública debe ir acompañado de otras medidas, destacándose en el presente informe las intervenciones de adaptación del sector privado, las remesas de los migrantes, el aumento de la financiación adaptada a las PyMEs y la aplicación del artículo 2.1.c. del Acuerdo de París.
Lo alarmante de este informe publicado por PNUMA no es únicamente el análisis cuantitativo de este déficit de financiación, sino el enfoque que comparte acerca de las consecuencias para los países más pobres, algunos de ellos situados en las regiones más golpeadas por esta crisis climática, sufriendo récords de temperatura, tormentas, inundaciones y olas de calor durante todo el año. En esta línea, se hace referencia a un estudio reciente que calculó que en los últimos dos decenios los daños producidos solo en las 55 economías más vulnerables al clima superaron los 500.000 millones de dólares.
Además de ayudar a estos países especialmente vulnerables a hacer frente a las pérdidas y los daños, la financiación debe emplearse para el desarrollo de capacidades, el fortalecimiento institucional, la recopilación y el análisis de datos, la preparación ante las catástrofes y la gestión de las consecuencias de las pérdidas y daños no económicos, respetando al mismo tiempo los principios de equidad, justicia, inclusión y titularidad del país interesado.
No es coincidencia que este informe se publique semanas antes de la COP28 de Dubái: se insiste a todas las personas encargadas de formular políticas a que incrementen la financiación y permitan que esta Conferencia sea recordada como el momento en el que se comprometieron plenamente a blindar a los países de ingreso bajo y a los grupos desfavorecidos frente a las consecuencias devastadoras del cambio climático.