El 19 de abril del presente año, el Parlamento Europeo aprobó una ley de deforestación que prohíbe a los países de la Unión Europea (UE) importar productos provenientes de zonas deforestadas luego del 31 de diciembre del 2020. Su sanción supone un hito histórico sin precedente alguno, dado que se trata de la primera normativa a nivel global que restringe las importaciones con motivo de la deforestación.
Es en el marco de esta política que las empresas que deseen distribuir sus productos en el territorio bajo jurisdicción de la UE deberán presentar una declaración de diligencia debida e información verificable que demuestre que sus mercancías cumplen con los requisitos verdes previamente citados. Dicho requisito incluye brindar las coordenadas geográficas específicas del lugar de producción, la realización de controles por satélite y de análisis de ADN para corroborar la procedencia de los productos. De lo contrario, la comercialización de los mismos será multada con sustantivas sanciones económicas, de hasta el 4% de la facturación total.
El propósito de la legislación apunta a eliminar la deforestación de los procesos productivos y cadenas de suministro de una selección limitada de artículos que se venden diariamente y en cantidades significativas en los mercados europeos. Esta lista incluye a la soja, la madera, el cacao, la carne de res, el aceite de palma, el café, el carbón vegetal, el caucho y los productos derivados, tales como el cuero, el chocolate y los muebles, entre otros. El texto incluye tanto a los bosques primarios como secundarios, pero deja fuera de su alcance los casos de deforestación en humedales y pastizales.
Asimismo, los productores con pretensión de exportar a Europa deberán respetar también las leyes locales, los derechos humanos y los derechos indígenas para concretar la transacción.
A partir de su entrada en vigencia, y tras una rigurosa evaluación llevada adelante por el brazo técnico de la UE en un plazo máximo de 18 meses, los países exportadores serán clasificados en tres categorías: bajo, medio o alto riesgo de deforestación, y la proporción de controles a los operadores se realizará según el nivel de riesgo del país: 9% para los de alto riesgo, 3% para los de riesgo medio y 1% para los de bajo riesgo.
Si bien la legislación fue aprobada por una amplia mayoría, aún requiere la ratificación de los 27 países miembros. Los próximos pasos consisten en la aprobación formal del acuerdo tanto en el Parlamento como en el Consejo Europeo. La nueva ley entrará en vigor 20 días después de su publicación en el Diario Oficial de la UE, aunque para algunos artículos la normativa se aplicará 18 meses más tarde.
Avances en materia ambiental
En la actualidad, la deforestación representa una amenaza ambiental de consecuencias alarmantes. De acuerdo a los estudios realizados por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), en 2004 la deforestación fue responsable de un 17% de la emisión total de gases de efecto invernadero (GEI). Además, muchas especies dependen de los bosques para su supervivencia, por lo que la destrucción de estos biomas reviste consecuencias irreversibles para la biodiversidad.
Se estima que en el período comprendido entre los años 1990 y 2020 se han perdido 420 millones de hectáreas de bosques. En este orden de ideas, cabe destacar que la UE es responsable de alrededor del 16% de la tierra deforestada a través de sus importaciones, cifra de la cual se desprende la importancia sustancial de esta ley que, de ser emulada por superpotencias tales como Estados Unidos o China, lograrían acaban con el 75% de la deforestación mundial.
No obstante, algunos diputados del Parlamento Europeo referentes del Partido Verde sostuvieron que esta legislación no sería suficiente para subsanar la problemática antedicha y demandaron su ampliación, incluyendo productos como el maíz, biomas como las sabanas o los humedales e integrando a actores que financian proyectos que conducen a la deforestación. El texto será revisado en tres ocasiones, lo que permitirá incluir otras zonas y productos en caso de ser necesario.
Fuerte golpe para las economías agroexportadoras
De ser ratificada, esta medida alteraría de forma transversal el funcionamiento del comercio internacional, teniendo en cuenta que la UE constituye el segundo mercado más grande para el consumo de los productos objetivo, después de China. Particularmente, se ven afectadas aquellas economías dependientes de las exportaciones de materias primas y con altos índices de deforestación, como es el caso de Argentina.
Siguiendo esta línea, algunos países que han mostrado abierta resistencia a la implementación de la ley son Indonesia y Malasia, cuyos gobiernos se encuentran en tratativas de abordar una respuesta conjunta. En un comunicado oficial, el ministro de Industrias Agrícolas y Materias Primas de Malasia, Fadillah Yusof, calificó a esta medida como un intento deliberado por aumentar los costes de producción de los competidores internacionales con el objeto de “proteger un mercado nacional ineficiente y poco competitivo”.
Estas declaraciones deben ser comprendidas en un contexto de crítica hacia los acuerdos bilaterales y multilaterales de liberalización del comercio reducidos a la compraventa de productos manufacturados, excluyendo de los mismos la liberalización del mercado de los bienes primarios, siendo esta disyuntiva uno de los motivos principales por los cuales las negociaciones en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC) se encuentran trabadas hasta la fecha. En reiteradas cumbres internacionales, voceros de los países agroexportadores se han manifestado en contra de estos enfoques unilaterales de libre comercio que excluyen a sus economías de los beneficios de la apertura al mercado internacional.
En este marco, algunos expertos temen que la nueva ley europea afecte negativamente al desarrollo del acuerdo comercial entre la UE y el Mercosur, firmado en 2019 y a la espera de ser ratificado. Por otra parte, también se verán perjudicados los pequeños y medianos productores al no poder asumir los costos que la declaración de diligencia requerida conlleva.