La energía es un problema central en la agenda política mundial, que se ve agravado por la incertidumbre desatada a partir de la guerra entre Rusia y Ucrania. El abastecimiento seguro y el costo de la energía es una preocupación transversal a todos los gobiernos, a lo que se suma la urgente necesidad de una transición hacia la producción y el consumo de energías renovables, ante una crisis climática con funestas consecuencias. Los últimos informes del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) señalan al combustible fósil como la principal fuente de emisiones de dióxido de carbono (CO2).
Frente a este panorama, muchos gobiernos locales se vuelven protagonistas y despliegan iniciativas para el autoabastecimiento de energías renovables.
Importancia de la participación ciudadana en las políticas públicas energéticas
Para lograr una transición energética con verdadero impacto se necesita transformar no sólo las fuentes de producción de la energía, sino también los hábitos de consumo. Es fundamental, entonces, involucrar a la ciudadanía en las políticas públicas de transición energética.
Además, la participación pública refuerza el sentimiento de control de los ciudadanos sobre los planes, programas y proyectos, y permite una mejor adaptabilidad de éstos a las necesidades y valores de la comunidad.
Greenpeace España reveló en un estudio del 2017 que la ciudadanía se sentía borrada de las decisiones sobre energía, alertando que se necesitaba una democratización del modelo energético. La solución sería un sistema colaborativo donde las personas no se viesen reducidas al rol de meros clientes o usuarios, sino que pudiesen producir, consumir, almacenar e intercambiar su propia energía, así como también participar en la toma de decisiones.
Un marco jurídico favorable
Distintas herramientas del derecho internacional han buscado promover, regular y garantizar la participación ciudadana en materia medioambiental. Países de Europa y Asia Central se encuentran hoy adscriptos al Convenio de Aarhus, que entró en vigor en 2001. Lo mismo ocurre en América Latina con el Acuerdo de Escazú, en vigencia desde el 2022 (aún pendiente de firma o ratificación por algunos países). Ambos protegen los derechos de acceso a la información, a la participación pública y a la justicia en asuntos ambientales.
La participación del público debe cumplir con ciertas garantías. Ésta debe darse al inicio del proceso de una política pública, plan, programa o ley que tenga impactos sobre el medio ambiente, donde todas las opciones están aún disponibles, para garantizar que la participación de la ciudadanía sea real y efectiva.
Además, el acceso a la información es también una condición para que la participación sea realmente incidente, ya que permite que los ciudadanos actúen en igualdad de condiciones e informados en los procesos de toma de decisiones. Asimismo, los resultados del proceso participativo deben ser tenidos en cuenta por las administraciones públicas al momento de adoptar una decisión definitiva.
No obstante estos importantes avances, la participación ciudadana requiere aún de mayores incentivos y garantías. Por ejemplo, lo señalado en ambos Acuerdos sitúa la participación del público en etapas iniciales. Un modelo participativo no necesariamente se reduce a esta etapa, pudiendo ampliarse a todo el ciclo de desarrollo de las políticas, planes y programas; desde su diseño, hasta la implementación y evaluación.
Los gobiernos locales: buenas prácticas para la democratización energética
Ante la necesidad de conseguir un suministro energético seguro y renovable, dentro de la Unión Europea son cada vez más los gobiernos locales que adoptan medidas para autoabastecerse e involucrar a la ciudadanía para transformar la producción y el consumo de energía.
Una iniciativa ejemplar en este sentido es el proyecto Vilawatt, creado por el Ayuntamiento de Viladecans, en Cataluña (España), que propuso una transición energética a través de cuatro iniciativas: la creación de una compañía eléctrica local de energía renovable; el asesoramiento energético a ciudadanos y comercios locales para alcanzar un consumo eficiente; la creación de una moneda digital que permitiese capitalizar los ahorros energéticos de los ciudadanos; y la rehabilitación energética de edificios de viviendas.
El proyecto fue premiado en Europa por su carácter innovador y su modelo participativo. La ciudadanía intervino en instancias deliberativas iniciales para definir las acciones que se desplegarían en el programa, así como también en la gestión de la energía. La compañía eléctrica local creada adoptó la forma de consorcio, dirigida por un “partenariado público-privado y con la ciudadanía” (PPCP, según sus siglas en inglés), donde los ciudadanos socios de la compañía, los locales y empresas adheridos y el Ayuntamiento tuvieron potestad para decidir, al contar con poder de voto, estableciéndose así una co-gobernanza.
Otra iniciativa similar fue la de la Cooperativa Zelena Energetska Zadruga (ZEZ), de la ciudad de Krievci, en Croacia, donde se creó una productora de energía renovable a través de un financiamiento colectivo realizado con la herramienta de crowdfunding. Se abrió así a empresas y ciudadanos la posibilidad de invertir en el proyecto y participar en su gestión.
En Argentina comienzan a surgir iniciativas similares, si bien aún incipientes. Desde la Provincia de Santa Fe se está implementando el Programa Energía Renovable para el Ambiente (ERA) que promueve una producción colaborativa, donde usuarios y cooperativas que generan energía eléctrica a partir de fuentes renovables, puedan inyectar su excedente en la red y obtener ahorros en su facturación.
¿Hacia dónde vamos?
En América Latina, y puntualmente en Argentina, hay aún bastante camino por recorrer. Los marcos regulatorios deberían, por un lado, promover estos nuevos modelos energéticos para acelerar la transición y, por otro, incentivar la participación pública en cuestiones de medio ambiente. En este sentido, es importante que los ordenamientos jurídicos de cada país puedan avanzar en la línea de lo que hoy establecen los tratados internacionales en la materia.
Diseños innovadores de las políticas públicas deberían idear instancias de participación ciudadana para la producción y la gestión de la energía. La participación no debería ser simbólica, donde se reduzca a un “visto bueno” u opinión hacia un proyecto ya diseñado y estructurado, sino que debería ser efectiva, con capacidad de tomar decisiones y garantizar un diseño, una gestión o una implementación conjunta entre la administración pública y la ciudadanía. Estos requerimientos son claves para enfrentar eficaz y sosteniblemente uno de los desafíos más imperiosos del mundo actual.
Por Mariana Reutemann Magíster en Políticas Públicas, Derechos Sociales y Sostenibilidad (Universidad de Barcelona)