El domingo 8 de diciembre, el suboficial de la Gendarmería Nacional, Nahuel Agustín Gallo, ingresó a Venezuela desde Colombia por el Puente Internacional de Táchira, con el objetivo de visitar a su esposa y a su hijo de 2 años. Sin embargo, al pasar por Migraciones, fue detenido por las autoridades venezolanas bajo acusaciones de “espionaje”, permaneciendo en dicha condición hasta el momento.
Como respuesta, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto y el Ministerio de Seguridad de Argentina emitieron un comunicado conjunto exigiendo su liberación inmediata y denunciando la “detención arbitraria e injustificada”, interpretada como una represalia hacia Argentina por parte del régimen de Maduro.
Según declaraciones de la ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, Gallo se encuentra “en una base de inteligencia en Táchira” y desde Cancillería se están efectuando tratativas con miras a obtener la ayuda de un tercer país para las debidas gestiones.
Paralelamente, el día 16, un funcionario de la embajada argentina en Caracas también fue detenido por las autoridades venezolanas, lo cual implica una flagrante violación de la inviolabilidad de las sedes diplomáticas y de su personal, de acuerdo con el derecho internacional.
Cabe recordar al respecto que 6 opositores al régimen venezolano se encuentran asilados en dicha embajada desde hace 9 meses, acusados de “conspiración” y “traición a la patria”. Tras el desconocimiento argentino del resultado de las últimas elecciones presidenciales, Venezuela exigió el retiro inmediato del personal diplomático argentino en Caracas, por lo que Brasil pasó a ejercer la representación diplomática argentina en dicho país.
Desde entonces, la embajada argentina en Caracas ha sido víctima constante de asedios y hostigamientos de parte del gobierno venezolano, incluyendo cortes de luz y de agua, así como negándose a ofrecer los correspondientes salvoconductos para los opositores allí asilados.