Ecuador consiguió un histórico canje de deuda por la conservación de especies en las Islas Galápagos, reduciendo así las obligaciones del país en más de 1.000 millones de dólares. La operación se convirtió en un ejemplo de soluciones a desafíos globales en materia ambiental
Parece extraño, en la actualidad, que se mencione a Ecuador en las noticias por un tema que no sea su crisis política; teniendo en cuenta que el Gobierno de Guillermo Lasso, cuyo mandato inició en 2021, está atravesando momentos demasiado críticos. Por los altos niveles de pobreza, los radicales y violentos reclamos civiles por mayores inversiones en políticas sociales (de salud, educación y seguridad), la gran represión policial y, sobre todo, por la fragilidad presidencial, debido a un proceso de juicio político que no permite la gobernabilidad y que, de hecho, llevó al Poder Ejecutivo a aplicar la operación constitucional denominada “muerte cruzada”, a través de la cual se disolvió la Asamblea legislativa y se convocó a nuevas elecciones el pasado miércoles 17 de mayo. De esta manera, el país latinoamericano evidencia estar atravesando una de sus mayores crisis institucionales desde fines del siglo XX.
Sin embargo, a principios del mes de mayo un anuncio por parte del Gobierno llamó la atención de la comunidad internacional por fuera de la delicada coyuntura política: se consiguió un histórico canje de deuda por la conservación de especies. Esto significa que se acordó una operación que reduce la deuda comercial del país andino al mismo tiempo que protege las Islas Galápagos, designadas patrimonio natural de la humanidad.
¿Cómo funciona esta operación financiera? La misma convierte 1.600 millones de dólares de la deuda comercial de Ecuador en un nuevo préstamo, reduciendo así las obligaciones del país en más de 1.000 millones de dólares. De esta manera, 450 millones de dólares se invertirán en la protección del ecosistema de las Islas.
Por su alta cifra, se convirtió en el canje de deuda más grande de la historia y es, en palabras del Canciller de Ecuador, Gustavo Manrique, “un paso gigantesco para la transición ecológica”. El movimiento, respaldado por el Banco Interamericano de Desarrollo y los Estados Unidos, se convirtió en un ejemplo de soluciones a desafíos globales en materia ambiental, combinando diferentes e innovadores instrumentos de mejora crediticia.
Esta no es la primera vez que Ecuador realiza un canje de deuda por naturaleza. En 1987, la organización World Wildlife Fund (WWF) compró un millón de dólares de la deuda del país y Ecuador invirtió el equivalente en sucres (la moneda local hasta el año 2000) para “financiar la protección de la flora y la fauna en más de dos millones de hectáreas en reservas nacionales de todo el país”, según un informe de la CEPAL.
Si bien los canjes de deuda por naturaleza fueron populares en la década de 1980, durante el período de “crisis de la deuda” que atravesó América Latina, hoy resurgen como una oportunidad tras una nueva coyuntura crítica provocada no sólo por los acelerados avances de las consecuencias del cambio climático, sino también por las complejas circunstancias económicas provocadas por la pandemia, que afectaron particularmente a Ecuador. Cabe mencionar que este es uno de los pocos países sudamericanos (junto con Venezuela y Surinam) que, hasta 2022, no habían recuperado los ritmos de crecimiento anteriores a la pandemia. Se aprecia incluso cierto decrecimiento en relación con 2019 (de 101.700 millones de dólares a 97.750 en 2021, según datos del Banco Mundial). Luego de dos años del llamado “efecto rebote”, tras la caída del PIB en 2020 (7,8%), apenas se estabilizan las cifras de desempleo (3,8% para enero de 2023, aunque ese porcentaje sube a 5,1% para las mujeres). En tales condiciones, la pobreza está estancada en 25% desde 2019 y la extrema pobreza creció a 10,7% entre ese año y junio de 2022.
Es por todo esto que el Ministro de Economía y Finanzas, Pablo Arosemena Marriott, opinó que, con la conversión de deuda por naturaleza, Ecuador protege sus activos naturales irreemplazables, pero además “reduce la deuda pública, aumenta la estabilidad fiscal y crea oportunidades para satisfacer otras necesidades básicas como la atención médica y la educación”. Esta declaración responde a los fuertes reclamos por mejores condiciones de vida que los ciudadanos enarbolan en las protestas desde mediados de 2022.
Estas iniciativas evidencian que es posible para los organismos internacionales aportar soluciones a los problemas que sean acordes a las necesidades de cada país, actuando como intermediarios que permitan una mejora socioeconómica para las naciones que necesitan de su colaboración.
Además, este histórico avance ambiental en medio de una crisis política sin precedentes permite pensar que, incluso en contextos adversos, es posible concertar esfuerzos por salidas democráticas, que incluyan de manera transversal a las políticas ambientales. Los países latinoamericanos, aún con relaciones políticas y económicas extremadamente complejas, no deben dejar de lado la perspectiva ambiental porque, lejos de presentarse como un obstáculo, aparece como una gran oportunidad para pensar estrategias que permitan salir de la crisis con sostenibilidad y resiliencia.
La importancia de las Islas Galápagos
Fueron declaradas Patrimonio Natural de la Humanidad en 1978 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). A unos 1.000 kilómetros de la costa de Ecuador, las Islas Galápagos albergan una flora y fauna únicas en su tipo. Su estratégica ubicación, en la confluencia de varias corrientes marinas, genera una mezcla de aguas frías y cálidas que ha permitido la llegada y el establecimiento de especies provenientes de diferentes zonas del océano Pacífico, lo cual explica que la reserva sea un importante santuario de vida marina.
José Antonio Dávalos, Ministro de Ambiente, Agua y Transición Ecológica de Ecuador, asegura que el acuerdo de canje de deuda por conservación natural será vital para proteger a 3.500 especies del archipiélago. La biodiversidad oceánica es otro elemento fundamental del ecosistema que se busca resguardar, por medio de la transición hacia una pesca sostenible. Este convenio implica labores de monitoreo, patrullaje y control en dos Reservas Marinas y en el Parque Nacional de Ecuador.