Se trata de un área que funcionará dentro del Ministerio de Seguridad de la Nación y que se propone detectar y prevenir las manifestaciones de los delitos ambientales que se desarrollen dentro del territorio nacional
Entendiendo por delito ambiental a aquel que afecta la preservación, conservación y recuperación de los recursos ambientales y de la diversidad biológica generando un daño que modifica negativamente el ambiente, sus recursos, el equilibrio de los ecosistemas, o los bienes o valores colectivos provocando un perjuicio en la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras, el lunes 16 de enero el Gobierno nacional fundó la Unidad de Análisis y Prevención de Delitos Ambientales.
Esta nueva oficina, anunciada a través del Boletín Oficial de la Resolución 19/2023, fue creada en el ámbito de la Subsecretaría de Investigación Criminal y Cooperación Judicial de la Secretaría de Seguridad y Política Criminal, a su vez dependiente del Ministerio de Seguridad.
Con el objeto de recopilar, analizar y procesar datos tendientes a diseñar, elaborar y fortalecer acciones y estrategias de prevención e investigación de delitos ambientales, esta nueva división coordinará la Mesa de Evaluación de Delitos Ambientales e interactuará con las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales, y demás actores competentes en la materia.
Entre las actividades previstas para la nueva Unidad, destacan la colaboración en la detección y previsión de sus distintas manifestaciones, ya sea que afecten la flora, fauna, suelo, aire, aguas y/o espacios marítimos sujetos a la jurisdicción nacional y la recolección y sistematización de información sobre los crímenes ambientales, proveniente tanto de fuentes abiertas, como de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales. También, resalta el desarrollo de indicadores y la elaboración de informes periódicos que sirvan para el abordaje de los delitos de esta índole.
En esta misma línea, con el fin de agilizar los mecanismos de alerta temprana, la Unidad se propone coordinar el intercambio de información existente entre las áreas competentes en materia ambiental bajo la égida del Ministerio de Seguridad, al igual que suministrar apoyo técnico-administrativo para la elaboración de un mapa de situación que permita detectar “zonas calientes” que requieran de una atención diferencial.
El Anexo de la citada Resolución dispone conformar grupos de trabajo en el desarrollo de las funciones de la Mesa de evaluación de delitos ambientales, pero aún no queda claro cómo estarán conformados estos grupos de trabajo, cuáles serán sus tareas, si se convocarán expertos y de qué tipo, entre otras cuestiones.
Esta estructura genera amplias expectativas. Particularmente en nuestra región, debido a las constantes quemas e incendios que sufrimos habitualmente en los humedales del Delta del Paraná. Desde la FNGA esperamos que esta nueva Unidad esté a la altura de sus ambiciosos objetivos y que no se convierta en otra estructura burocrática más.