En el marco del acuerdo entre el MERCOSUR y la Unión Europea, se vuelve a poner el foco en cuestiones ambientales y posiciones encontradas entre ambos bloques.
El MERCOSUR y la Unión Europea (UE) alcanzaron en 2019 un acuerdo de libre comercio, tras más de 20 años de negociaciones. Para que el mismo pueda efectivizarse, debe ser ratificado por los parlamentos de todos países miembros de ambos bloques, situación que aún no se ha dado y que parece cada vez más lejana a partir de las diferencias que se generaron por objeciones ambientales por parte del bloque europeo.
Los países miembros de la UE sostienen que existe dentro de ella una normativa medioambiental muy estricta para la conservación y el cuidado del ambiente, por lo cual exigen ciertos requisitos medioambientales de cara a ampliar el comercio bilateral con el MERCOSUR. El argumento de la UE es que, al igual que en gran parte del mundo, en la región mercosureña se llevan adelante modelos de producción agropecuarios que tienden a desgastar el suelo y que, en caso de sostenerse, podrían llevar a un default ecológico en detrimento de los suelos fértiles y en pos de la deforestación.
Un claro ejemplo de la tendencia ambiental de la UE fue la puesta en vigencia, por parte de la Comisión Europea, de nuevas reglas que obligan a las empresas importadoras europeas de productos agrícolas a demostrar que los productos importados por ellas no provocaron deforestación o degradación forestal en sus procesos productivos desde el año 2021 en adelante. La ley también obliga a las empresas a demostrar que los bienes que importan cumplen con las normativas del país de origen, incluidas las relativas a los derechos humanos y la protección de los pueblos indígenas.
En sintonía con esto, el pasado 13 de junio, la Asamblea Nacional francesa votó en contra de que el gobierno nacional apruebe el acuerdo. Un total de 281 diputados sufragaron a favor de una resolución de la mayoría de los grupos parlamentarios en la que se pedía al Ejecutivo que se niegue a firmar el pacto, así como apoyaron su posible suspensión en caso de no respetarse las condiciones ambientales establecidas en el Acuerdo de París. A su vez, para el órgano legislativo francés, el pacto es “susceptible” de facilitar la entrada al mercado europeo de productos alimenticios tratados con pesticidas o medicación veterinaria prohibidos por la normativa europea. Sostiene al mismo tiempo que podría resultar en una falta de igualdad de competencia entre productores agrícolas y ganaderos europeos y latinoamericanos; dado que estos últimos cuentan con precios de producción más competitivos y sus mercados poseen menores controles de origen, producción y etiquetado de alimentos en comparación con el mercado europeo.
Por su parte, estas últimas semanas cobró relevancia la postura de Brasil en torno a esta temática, luego de que su presidente Luiz Inácio Lula da Silva rechace fervientemente las nuevas condiciones presentadas por la UE (las cuales incluyen posibles sanciones), para la firma final del acuerdo de libre comercio con el MERCOSUR. Lula expresó su preocupación por las exigencias adicionales de la UE a Brasil en el marco de la negociación del acuerdo y dijo que su país tiene derecho de tomar medidas económicas para reindustrializarse y para combatir la recesión generada por la pandemia de coronavirus y la guerra en Ucrania. "Estas iniciativas representan limitaciones potenciales para las exportaciones agrícolas e industriales de Brasil", aseguró Lula. "La premisa que debe existir entre socios estratégicos es de confianza mutua, y no de desconfianza y sanciones", manifestó el presidente en Brasilia.
Al mismo tiempo, el acuerdo entre los bloques comerciales permitiría a empresas de la UE y del MERCOSUR participar en licitaciones de compras del sector público en las mismas condiciones que las empresas locales. Pero hay excepciones en temas como alimentación, salud y defensa que Brasil quiere mantener. "No renunciaremos a la contratación pública, porque es un instrumento de política industrial", afirmó Lula.
Según Roberto Rodrigues, coordinador del Centro de Estudios del Agronegocio de la Fundación Getulio Vargas (FGVAgro) y exministro de Agricultura de Brasil entre 2003 y 2006, las nuevas exigencias por parte de la UE “van a aumentar el costo para exportar y, por ende, las exportaciones brasileñas se verán afectadas”. “El objetivo 'explícito’ de la medida no es defender el medio ambiente, sino reducir las importaciones de países tropicales como Brasil, y está muy claro que hay intereses comerciales ocultos”, afirmó Rodrigues a la agencia EFE. “Brasil tiene una legislación ambiental muy rigurosa, especialmente con el Código Forestal, pero permite la deforestación legal, lo cual la decisión europea no acepta. Ahí hay una interferencia con la legislación nacional”, enfatizó.
Por otro lado, en el marco de su gira por la región latinoamericana, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se reunión con el presidente Lula da Silva, a quien le pidió que los países del MERCOSUR presenten sus contrapropuestas a las nuevas condiciones agregadas desde Europa. “Llegó la hora de concluir el acuerdo UE-Mercosur. Tenemos la ambición de terminarlo cuanto antes, antes de fin de año”, “mi compromiso es lograr que el acuerdo UE-Mercosur se concrete, y rápido, y veo voluntad política de ambas partes para que eso ocurra”.
Según vVon der Leyen, el acuerdo "genera ventajas para los dos bloques y creará condiciones para el flujo de inversiones, respaldando así la reindustrialización de Brasil y su integración en la cadena de valor global". Mencionó a su vez que la intención de la UE es aumentar las inversiones en América Latina y el Caribe, concretamente a través de 2.000 millones de euros para el desarrollo y financiación con fondos europeos del hidrógeno verde en Brasil.
Luego de visitar Brasil, la mandataria europea se reunió en Argentina con el presidente Alberto Fernández. Allí afirmó que la UE es el mayor inversor en Argentina, representando alrededor del 40% de la inversión extranjera directa, y que gracias al acuerdo UE-MERCOSUR esto se podría ampliar sustancialmente a través de la remoción de barreras comerciales, promoviendo la integración y reforzando las cadenas de valor.
Para ello, la Argentina y la UE han trabajado en un memorándum de entendimiento que apunta a desarrollar proyectos conjuntos de desarrollo energético para agregar valor a la explotación de litio, cobre y la implementación de plantas de gas licuado con inversión europea en el país, que vayan más allá de la mera extracción. "Es importante que la cadena de valor se quede aquí en Argentina porque ello genera empleos. Es la gran oportunidad para que Argentina genere valor agregado con las demandas apropiadas. En la UE esperamos que la inversión en este tipo de energía crezca en 12 veces en los próximos años", dijo la presidenta de la Comisión Europea.
Ante esta perspectiva, es preciso repensar las condiciones de aplicación del acuerdo entre ambos bloques, partiendo de la visión de que el vínculo político y comercial entre ellos no puede darse a cualquier costo y considerando los cambios en los contextos sociales, políticos y comerciales que sucedieron en los últimos 4 años en el interior de ambas regiones. Es importante reformular las condiciones del posible acuerdo y buscar alternativas que impliquen la obtención de beneficios concretos para los países miembros.
Lo que hace pocas décadas se podía solucionar desde lo económico en lo que refiere a comercio internacional, actualmente parece no alcanzar. La variable ecológica en los tratados tiene cada vez mayor preponderancia y ya están siendo condición necesaria para ampliar los horizontes comerciales tanto de la región como de nuestro país.