América Latina y el Caribe es una superpotencia en biodiversidad: si bien representa el 16% de la superficie de la Tierra, alberga el 40% de la biodiversidad mundial.
Posee la mitad de los bosques tropicales, es la mayor reserva de agua dulce y en ella habita el 12% de los manglares del mundo (UNEP-WCMC, IUCN, 2021). Al mismo tiempo, la región tiene una de las mayores tasas de deforestación a nivel global y viene perdiendo su capital natural de forma acelerada. En 50 años ha perdido el 94% de su población de vertebrados y cuenta con el mayor número de mamíferos, plantas, peces y aves amenazados del mundo ( WWF, 2020).
En América Latina, la destrucción de los ecosistemas boscosos se ha intensificado debido a la expansión de la frontera agropecuaria, mayormente para ganadería y cultivo de granos, impulsada por una creciente demanda global de alimentos y otros bienes. Este proceso ha llevado a que la expansión agropecuaria sea responsable del 70% de la pérdida de biodiversidad terrestre de acuerdo con el último reporte global del Convenio de Diversidad Biológica e IPBES.
En Argentina, el Gran Chaco es la ecorregión boscosa más extensa, ocupando el 25% del territorio nacional y comprendiendo el 60% de sus bosques nativos. Entre 2001 y 2020, Argentina perdió 4,8 millones de hectáreas de bosque chaqueño, lo que representa el 7,2% de la superficie de dicho bosque en su territorio. Paraguay y Bolivia han tenido pérdidas del 18,2% (4,9 millones de hectáreas) y 35,6% (4,4 millones de hectáreas), respectivamente (BID, 2024). Aunque la tasa de deforestación se desaceleró con la implementación de la Ley de Bosques en 2007, entre ese año y 2022 aún se perdieron 3,7 millones de hectáreas. Chaco, Formosa, Salta y Santiago del Estero representan el 85% de la superficie de bosques del Gran Chaco en Argentina y han perdido 3,2 millones de hectáreas en los últimos 15 años, lo que constituye el 87,2% de la deforestación total en la región (BID, 2024).
Tasa anual de pérdida de bosques nativos de los departamentos con mayor deforestación
Fuente: BID, 2024
Según un estudio del estatus de la deforestación, este proceso se explica por una reconversión de la producción agropecuaria en la región. En las últimas décadas, parte del crecimiento de la producción de cereales y oleaginosas se dio a través de un proceso de expansión del área de siembra hacia zonas hasta entonces marginales del Gran Chaco, con el consecuente reemplazo de bosques nativos y otros ecosistemas por áreas de cultivo. Se estima que entre 1990 y 2022 la superficie de siembra del Gran Chaco creció un 297%, muy por encima de la evolución observada a nivel nacional (100%) y en la región pampeana —Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, La Pampa y Entre Ríos— (89%). Entre 2008 y 2020 el ganado en la región del Gran Chaco creció un 17% (1,6 millones de cabezas), mientras que el stock ganadero nacional y en las tres principales provincias de la región pampeana se redujo un 2% en el mismo período.
La pérdida de bosques nativos destruye los sumideros de carbono y aumenta las emisiones y, por lo tanto, agrava la crisis climática. La deforestación ha generado un aumento significativo en las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) del sector de agricultura, ganadería, silvicultura y cambio de uso del suelo, las cuales pasaron del 39% en 2018 al 45% en 2020 del total nacional en Argentina. Dentro de esta categoría, las emisiones de la subcategoría “cambio de uso del suelo (pérdida de cobertura vegetal)” aumentó del 26% al 40% (datos de INGEI).
Frente a este escenario, crece la demanda por productos agropecuarios que cumplan con criterios de sostenibilidad ambiental en los mercados globales. Entre otros, los criterios incluyen sistemas de certificación voluntarios y normativas obligatorias como el Reglamento 2023/1115 (cadenas de valor libre de deforestación) de la de la Unión Europea (UE), que restringirá a partir de 2025 el ingreso de materias primas agropecuarias provenientes de áreas deforestadas. La UE es el segundo destino de exportación de bienes de Argentina. En 2022 el país exportó bienes por unos US$88.446 millones, de los cuales el 12,3% tuvo como destino al bloque europeo. Según estimaciones del BID, hasta 5% de las exportaciones del país estarían potencialmente afectadas por el reglamento mencionado. Tras 15 años de vigencia de la Ley de Bosque, si bien esta normativa ha logrado importantes avances, aún persisten desafíos significativos en su implementación. Asimismo, conforme señala un reciente estudio del BID, el bioma del Gran Chaco argentino precisa de una política integral que aborde los desafíos de conservación de los recursos naturales junto con el desarrollo productivo sostenible, superando los desafíos actuales y futuros. Invertir en sistemas productivos que utilicen especies arbóreas nativas sin desmontar el bosque existente puede generar miles de millones de dólares de ganancia anual. En este sentido, es clave que uno de los países más biodiversos del mundo como Argentina integre el capital natural en las inversiones nacionales prioritarias y busque estructurar instrumentos financieros innovadores para apalancar recursos en el mercado financiero para la conservación de su riqueza natural.
Para finalizar, es importante señalar que la degradación de los ecosistemas pone en entredicho no solo el bienestar de todos y la seguridad alimentaria, sino la estabilidad de varias actividades productivas que dependen de la provisión de los servicios ecosistémicos como la regulación del ciclo hidrológico, la purificación del aire, la biodiversidad y el control de la erosión de los suelos. La mitad de la actividad económica mundial depende de los ecosistemas terrestres y marinos que proporcionan los alimentos, el agua, el aire limpio y los materiales necesarios para la vida cotidiana. Tres cuartas partes de los cultivos alimentarios del mundo dependen, al menos en parte, de la polinización. Adicionalmente, la agricultura, sin el escudo natural que proporciona la diversidad genética, es menos resistente a peligros como enfermedades, plagas, condiciones meteorológicas extremas y el cambio climático. En este contexto, para seguir siendo un importante productor agropecuario, es imprescindible que América Latina revierta el proceso de declive de su biodiversidad y logre proteger uno de sus más importantes capitales naturales: el Gran Chaco.
Información más detallada puede ser encontrada en el estudio:
Juliana Salles Almeida es especialista líder en Cambio Climático del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y apoya con la coordinación del equipo de la División de Cambio Climático en el Cono Sur. También trabajó en la Vicepresidencia de Países y en la División de Integración y Comercio del BID. Antes del BID, trabajó para Naciones Unidas-CEPAL en Chile y el Banco Africano de Desarrollo (AfDB). Ha publicado varios estudios para la CEPAL, OCDE, FAO y BID sobre temas de agricultura sostenible, comercio y cambio climático. Es Doctora por la Universidad de Chile y Mestre por la Universidad Federal de Minas Gerais en Brasil y completó su educación en la Escuela de Gobierno Kennedy en Harvard.