Revisar y promover el rediseño de los ámbitos competenciales y funcionales de las instituciones reguladas por la Constitución y por las normas subconstitucionales que las reglamentan. Promover la instalación de nuevas instituciones que coadyuven a la maximización de los controles, al logro de una mayor transparencia y a la profundización de la participación social y de la cultura democrática.

· Realizar estudios teóricos sobre el marco normativo y trabajos de campo sobre cada institución en particular, a fin de evaluar la incidencia de las reglas establecidas por la Constitución, sus leyes reglamentarias y las prácticas de sus operadores sobre el sistema, a fin de detectar sus falencias y realizar las propuestas necesarias para que, por la vía que corresponda (reforma constitucional, enmiendas legales, modificaciones reglamentarias, etc.), se corrija todo funcionamiento defectuoso o anómalo de las instituciones relevadas.

· Realizar análisis comparativos respecto del funcionamiento de instituciones vigentes en el resto de los países democráticos que no han sido objeto de incorporación en el nuestro, o que lo han sido sólo en los ámbitos provinciales o municipales pero no en el ámbito federal (v.gr., juicio por jurados; revocatoria popular de mandatos; órganos independientes para el control del efectivo ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y a la protección de los datos personales; sistemas de tachas o de voto de preferencia en el ámbito electoral, etc.), a fin de evaluar su compatibilidad con nuestro sistema, y la posibilidad de proponer su incorporación al mismo.

· Propender al fortalecimiento institucional y a la formación de ciudadanos responsables y comprometidos con el sistema democrático, a través de la difusión y la enseñanza de los principios filosóficos y políticos que les dan fundamento.