Participación de la FNGA, representada por su presidente, el Sr. Diego M. Sueiras, desde el 1 al 3 de Junio de 2009, en San Pedro Sula, Honduras, de la 39 Asamblea General de la OEA.

 

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Carta presentada por representantes de la sociedad civil ante la OEA

 

Estimados Ministros y representantes permanentes:

 

A nombre de las organizaciones de la sociedad civil reunidas en esta Asamblea General, saludamos las iniciativas de la OEA para fomentar la participación de la sociedad civil. La participación y la plena libertad de expresión de la ciudadanía son vías esenciales para la convivencia democrática y el cimiento básico para la construcción de una cultura de la no-violencia. La existencia del espacio de encuentro en que estamos ahora es una expresión del tipo de relaciones que debe primar entre gobiernos y sus ciudadanos. Felicitamos en ese sentido el borrador de resolución sobre fortalecimiento de la participación de la sociedad civil, que reconoce necesidad del trabajo de este sector en los ámbitos nacionales y multilaterales y que se discutirá en esta Asamblea General.

 

En su diversidad, la sociedad civil no sólo recoge temas críticos, sino también es su rol crear propuestas constructivas para el fortalecimiento de la democracia, el goce pleno de los derechos humanos y el desarrollo. Por ello, nos une a los Estados la meta de trabajar para hacer realidad los principios que inspiran al sistema Inter-Americano, y nos percibimos como entes facilitadores del cumplimiento de los instrumentos hemisféricos que los Estados han creado.

 

Nuestra tarea no está basada en la representación. A diferencia de los gobiernos, nuestro mandato no se origina en la elección popular, sino en el derecho –y deber—que como ciudadanas y ciudadanos tenemos de participar en los asuntos de interés público. En ese sentido, queremos expresar nuestra profunda preocupación y rechazo por el intento de veto a la participación de organizaciones de sociedad civil en esta Asamblea General por parte de los Estados de Bolivia, Nicaragua y Venezuela. El derecho a la participación está garantizado en innumerables instrumentos hemisféricos, y nuestra presencia en esta Asamblea u otros espacios gubernamentales es una expresión más de la convivencia democrática que debe regir nuestras sociedades. Nos preocupan las tendencias que hemos observado al interior de nuestros países de limitar el rol de la sociedad civil. Vemos con desconcierto el uso de legislación y de controles administrativos para restringir la acción de grupos sociales y criminalizar el disenso. Nos desconciertan los ataques públicos y mediáticos que representantes de los gobiernos hacen a miembros de la sociedad civil, que desacreditan nuestro trabajo, incitan a la desconfianza y el odio. Nos horrorizan también los actos de violencia y agresiones en contra de sociedad civil y defensores de derechos humanos que ocurren gracias al clima de desconfianza que se ha generado en contra de las ONGs.

 

Nos preocupa especialmente la existencia de leyes, así como políticas y prácticas en los diferentes países que están en contradicción con los principios universales de los derechos humanos y que limitan la libre asociación, la participación y la libertad de expresión. La existencia de tales normativas a nivel nacional, como por ejemplo las leyes que criminalizan la sodomía u otras que limitan el derecho de asociación de las organizaciones de la sociedad civil ponen de facto un obstáculo no sólo para el cumplimiento de nuestro rol en nuestros países, sino también previenen una efectiva participación en el sistema Inter-Americano.

 

Instamos a los Estados a levantar todas las barreras legales a la participación de la sociedad civil, incluyendo restricciones a la autonomía y a la libre búsqueda de financiamiento, que lesionan la libertad de asociación y expresión y que se dan a través del uso de un lenguaje legal ambiguo, impreciso y demasiado amplio. Recordamos la resolución de la Comisión Inter-Americana de Derechos Humanos que insta a los Estados a abstenerse “de restringir los medios de financiación de las organizaciones sociales”.

 

En el nivel administrativo, solicitamos simplificar y hacer inclusivos los mecanismos de registro de las organizaciones sociales, evitando la discriminación de algunas por sus objetivos, orientaciones o ámbitos de trabajo. Llamamos también a perfeccionar y transparentar los mecanismos estatales de aporte a las organizaciones sociales, así como los trámites de exención tributaria. Instamos a eliminar los controles administrativos excesivos y la potestad de los Estados de disolver organizaciones sociales.

 

Invitamos a los Estados a un diálogo no violento, permanente y abierto y los llamamos a abstenerse de descalificar y atacar la acción de organizaciones de la sociedad civil y a cumplir su rol de proteger a sus ciudadanos frente a ataques de terceros.

 

A nivel Inter-Americano, llamamos a mantener y profundizar los espacios de encuentro, participación y diálogo entre representantes de gobiernos y de sociedad civil en el sistema Inter-Americano, como vehículo para la construcción de relaciones multilaterales inclusivas y democráticas.

 

Proponemos que en el seno de la OEA se discuta, en conjunto con la sociedad civil, la creación de un mecanismo institucionalizado de participación de la sociedad civil, que permita un auténtico intercambio de ideas, con libertad y respeto entre los Estados y los ciudadanos. Creemos que las organizaciones de la sociedad civil pueden hacer una contribución sustantiva al trabajo multilateral de los Estados, identificando desafíos y soluciones que nos involucran a todos.

 

Nos anima el deseo de superar la desconfianza que se ha generado entre los Estados y la sociedad civil en el seno de la OEA y nos inspiran los principios democráticos, de inclusión, diálogo y participación. La búsqueda de un mecanismo permanente de diálogo con la sociedad civil en la OEA no haría sino enriquecer las propuestas y robustecer las soluciones a los problemas y desafíos comunes a los pueblos de las Américas.

 

Muchas gracias.